Por: Jorge Astudillo, académico de Derecho de la UNAB, Sede Viña del Mar

El estallido social de octubre de 2019 fue un hecho que produjo importantes consecuencias en la sociedad chilena. Algunos consideran que se trata de un verdadero hito que remeció nuestra comunidad y sentó las bases de un Chile nuevo donde el pueblo no descansaría hasta que la dignidad “se hiciera costumbre”. Para otros, los hechos de octubre de 2019 significaron violencia, destrucción, pillaje, saqueos y la utilización del malestar social legítimo para desestabilizar a un gobierno democráticamente electo. Cual sea la opinión que se tenga sobre el estallido social, lo cierto es que se trata de un acontecimiento que vino a dividir y polarizar más a la sociedad chilena.

Una de las consecuencias directas del estallido social fue el inicio de un proceso constituyente. A pesar de que en sus primeros días las manifestaciones ciudadanas no hacían alusión al establecimiento de una nueva Constitución, diversos actores políticos, aprovecharon el caos y la paralización del Gobierno y sus partidos, para instalar en la agenda la necesidad urgente de dar a Chile una nueva Constitución creada en democracia y que sentará las bases de un Estado Social y Democrático. Así, en la madrugada del 15 de noviembre de 2019 la mayor parte de los partidos políticos y algunos personeros de forma individual firmaron el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” que dio origen al proceso constituyente 2019-2022. Si bien es cierto que este proceso estuvo dotado de una importante legitimidad democrática, la propuesta que la Convención Constitucional ofreció al pueblo chileno fue rotundamente rechazada por la ciudadanía en la histórica jornada del 4 de septiembre de 2022.

Aunque el compromiso original de la clase política fue que en caso de rechazarse la propuesta de la Convención Constitucional la Constitución actual seguiría vigente, durante la segunda parte del 2022 se impulsó en el seno del Congreso Nacional un segundo proceso constituyente. Este proceso 2022-2023 nos ha entregado una nueva propuesta constitucional producto del trabajo de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional. Y acá estamos, nuevamente ad-portas de otro plebiscito constitucional en menos de dos años.

En esta columna de opinión no me pronunciaré sobre las bondades o falencias de la propuesta constitucional que plebiscitaremos este domingo 17. A estas alturas, cada ciudadano decidirá en conciencia si votará “a favor” o “en contra”, según sus preferencias políticas e ideológicas. Sin embargo, considero oportuno indicar que la Constitución Política de la República es un texto que por naturaleza debe tener una aspiración de transversalidad y ser capaz de regir como norma fundamental de una comunidad política al margen del gobierno de turno y las mayorías parlamentarias contingentes. Entonces, la Constitución no es un programa de gobierno, no debe ser el reflejo de las ideas de las mayorías transitorias, tampoco es una solución mágica a todos los males sociales. La Constitución es una norma que establece las reglas básicas de convivencia social y política dentro de las cuales las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía adoptan las decisiones sociales fundamentales.

Por lo mismo, lo que se votará este domingo 17 no es un examen al mandato de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad. La decisión respecto de esta propuesta no es un castigo al gobierno, por más que se piense que  estamos en presencia de una élite que llegó al poder prometiendo cambiar la forma de ejercerlo y que en dos años ha demostrado ser igual que la clase política tradicional (incluso con las prácticas corruptas) y, hasta ahora más incompetente que aquella que condujo los 30 años de prosperidad que llevaron a Chile al borde del desarrollo y que se encargaron de denostar de manera poco leal e irresponsable. Las próximas elecciones municipales, presidenciales y parlamentarias serán el momento preciso para pronunciarse sobre el desempeño de este gobierno y los partidos que lo apoyan. Este domingo la decisión responde a otra lógica: se debe dilucidar si la ciudadanía confía o no en el proyecto de Constitución que se nos presenta luego de 4 años de incertidumbre y despilfarro de recursos y confianzas. Esta es la decisión que está en juego y la debemos adoptar en conciencia y pensando en el futuro de Chile.