La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Temuco revisará –entre el 8 al 14 de abril- un total de 228 solicitudes presentadas por internos e internas de los 14 centros penales y de estudio y trabajo de Gendarmería de Chile en las provincias de Malleco y Cautín, que postularon a este derecho.

El grupo de comisionados es presidido por la ministra de la Corte de Apelaciones de Temuco María Georgina Gutiérrez Aravena, e integrada por los jueces Cecilia Subiabre, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco; Karina Rubio, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol; Leticia Rivera y Federico Gutiérrez, del Juzgado de Garantía de Temuco, y Eduardo Pérez, del Juzgado de Garantía de Lautaro. En tanto, el secretario del tribunal de alzada, Germán Varas, actúa como ministro de fe.

Al igual que en años previos, participarán los defensores penales penitenciarios y una dupla de profesionales del área sicosocial de Gendarmería de Chile, colaboración y aportes que fueron valorados por la ministra Gutiérrez, en la apertura de la jornada, en la que el defensor regional (s) de La Araucanía Patricio Salinas presentó su saludo y éxito para la jornada.

La comisión cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año, resolverá respecto de las solicitudes de otorgamiento de libertad condicional a las y los postulantes que cumplan con los requisitos que la ley establece, como por ejemplo: tener un informe sicosocial favorable emitido por Gendarmería de Chile, el tiempo de cumplimiento de la condena que se le impuso, el haber mantenido una conducta intachable en el establecimiento penal, haber aprendido un oficio, haber asistido con regularidad a las escuelas y conferencias educativas del penal, estimándoseles en condiciones de ser reinsertados, por encontrarse corregidos y rehabilitados para la vida social.

Los requisitos para postular se encuentran establecidos en el Decreto Ley 321 de 1925 y la tarea de la Comisión de Libertad Condicional es aplicar la norma legal, en base a los informes de conducta entregados por cada unidad penal, cuerpo legal modificado en noviembre del año pasado, con la entrada en vigencia la ley 21.627, que establece mayores exigencias para la obtención del beneficio, asignándole a las víctimas la posibilidad de realizar presentaciones ante el órgano administrativo.