Escribe: Jorge Astudillo, académico de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.

La Contraloría General de la República con fecha 13 de abril de 2023 emitió su pronunciamiento en relación con una serie de denuncias respecto de la adquisición por parte de la Municipalidad de Santiago del inmueble donde funcionaba la Clínica Sierra Bella. La decisión de la Contraloría significó un duro golpe a las intenciones de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, del Partido Comunista y de varios personeros que se cuadraron desde un primer momento con la autoridad comunal, como el subsecretario Cataldo o el diputado Winter, y al mismo tiempo, una muy buena noticia para la comuna de Santiago y sus habitantes.

El ente contralor vino a constatar un hecho público y notorio, como era el excesivo sobreprecio que se había comprometido a pagar la Municipalidad por este inmueble en relación con el precio por el cual fue adquirido por la vendedora y posteriormente ofrecido en el mercado inmobiliario. En efecto, la inmobiliaria, vendedora en la operación, compró la clínica por 2.200 millones de pesos aproximadamente en 2022 y la Municipalidad de Santiago acordó pagar 8.250 millones de pesos por el mismo.

La decisión de la Contraloría va en el camino correcto, el de la probidad y del sentido común, volviendo a destacar que el Estado y sus organismos se encuentran al servicio de las personas y que el ejercicio de la función pública se debe desarrollar con estricto apego al principio de probidad, procurando la administración y utilización de los recursos públicos de manera correcta, racional y eficiente. Todas estas exigencias consagradas expresamente en nuestro ordenamiento jurídico.

Sierra Bella debe servir como referencia para poner atención sobre la manera en que se están administrando los recursos públicos, principalmente en el ámbito municipal. Si bien en este caso, el control se pudo hacer efectivo y se evitó un gran daño patrimonial para la Municipalidad de Santiago, seguramente situaciones similares se replican a diario, sin llegar al escrutinio de los órganos fiscalizadores. Es por ello, que es un imperativo para el Estado avanzar en mejorar los controles administrativos de carácter preventivo y potenciar la transparencia, para evitar que los daños patrimoniales se concreten en forma irreversible.

Por otro lado, este caso y otros igualmente graves como el de la Municipalidad de Vitacura, dejan en evidencia las defensas corporativas de la clase política frente a casos de corrupción. En el caso Sierra Bella, el actuar de la alcaldesa fue respaldado por el Partido Comunista (del cual ella es militante) y el Frente Amplio, mientras que los dirigentes del socialismo democrático han guardado un cómplice silencio. En el caso de la Municipalidad de Vitacura, la dirigencia de la derecha ha sido incapaz de pronunciarse sobre las actuaciones del ex – alcalde Raúl Torrealba. Esta hipocresía política solo permite que la corrupción siga floreciendo y ganando terreno, olvidando los dirigentes políticos, que estos actos espurios constituyen una verdadera lacra que nos afecta a todos y que su combate y repudio no tiene color político, aunque los corruptos estén en sus propias filas.