Alejandro San Francisco: “Una forma adecuada de enfrentar esta crisis es partir con un diagnóstico correcto: una Presidenta con escaso apoyo ciudadano, un Congreso Nacional y partidos políticos rechazados ampliamente por la población, una crisis de confianza transversal hacia la clase dirigente…”.

“Chile atraviesa por la crisis política más profunda de las últimas décadas y el complejo escenario, compuesto por diferentes tramas, ha terminado por arrastrar en cosa de meses a distintos sectores”. Con esta frase comienza una noticia El País, uno de los principales medios de prensa de España (6 de abril de 2015). Al día siguiente habla de “la crisis institucional más profunda” que ha enfrentado Chile en el último tiempo, y que los líderes de los partidos estarían buscando una salida política.

Es interesante cómo se ha ido gestando la situación actual, en un país sólido por muchas razones y que de repente se ve sumido en el marasmo provocado por las continuas noticias que podrían ser el anticipo de otras peores por venir. El Gobierno, los parlamentarios, los partidos e incluso la opinión pública no parecen haber advertido a tiempo la instalación de esta situación extrema, en parte por el prestigio de que gozaba el país hasta hace poco, cuando el mismo periódico español señalaba que Chile tenía niveles de corrupción “equiparables a los de países como Alemania, Japón o Francia, según el último informe de Transparencia Internacional” (23 de marzo de 2012).

Esta especie de ceguera precrisis no es inédita en la historia nacional. En su último discurso al Congreso antes de la guerra civil de 1891, el Presidente José Manuel Balmaceda comenzaba diciendo: “Asistimos a una hora de quietud pública”, destacando la excepcionalidad chilena -que no ha sufrido “ni un solo trastorno político, ni un solo motín militar” en tres décadas- frente a sus pares latinoamericanos. Refiriéndose al ruido de sables y golpe militar de 1924, Arturo Alessandri explicaba en sus Recuerdos de Gobierno que “nada, absolutamente nada, ningún rumor ni indicio hacía presumir la inmensa catástrofe que se aproximaba”.

Algo parecido sucedió en el caso de otro gobernante, Salvador Allende, cuando el 24 de agosto de 1973 respondió a la Declaración de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República, recordando su convicción de que “es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional”, después de señalar que “nunca antes ha habido en Chile un Gobierno más democrático que el que me honro en presidir”.

No está de más señalar que en los tres casos la crisis culminó con una guerra civil o intervenciones militares, superando la dinámica propia de la institucionalidad republicana. La ceguera temporal de los gobernantes podría explicarse por los duros efectos de la polarización política o bien por el deseo de transformar la realidad a través de las declaraciones de intenciones.

Es evidente que la situación de crisis que atraviesa Chile hoy no se parece a las que enfrentó en 1891, 1924 y 1973. En esas circunstancias había enfrentamientos expresos entre el Congreso y el Presidente de la República, así como hubo llamados -también elocuentes- para que las Fuerzas Armadas intervinieran en la resolución de dichos conflictos. Hoy la situación es diferente: los uniformados no son actores políticos y el problema parece de otra naturaleza. Salvo que se habla, cada día con mayor habitualidad, de crisis institucional.

Frente a esta situación se pueden hacer varias cosas. La primera, hacer como si no hubiera problema alguno, o echar la basura bajo la alfombra, o simplemente dejar pasar el vendaval para que otros conflictos y situaciones reemplacen la actual agenda noticiosa. Una segunda posibilidad es procurar algún acuerdo, inteligente y patriótico por cierto, para evitar que situaciones como las actuales se repitan y dar una señal clara hacia el restablecimiento de la credibilidad institucional.

En cualquier caso, una forma adecuada de enfrentar esta crisis es partir con un diagnóstico correcto: una Presidenta con escaso apoyo ciudadano, un Congreso Nacional y partidos políticos rechazados ampliamente por la población, una crisis de confianza transversal hacia la clase dirigente. En su “Mirabeau o el Político”, un ensayo tan brillante como olvidado, Ortega y Gasset sostenía que un factor esencial en la vida de un estadista es lo que podríamos llamar la “intuición histórica”, una forma específica de intelectualidad, sugiriendo que “a la acción, tiene en él que preceder una prodigiosa contemplación”. Este estudio, o teoría, fundada en la realidad de las cosas, es un fundamento inexcusable de cualquier recuperación política.

Por Alejandro San Francisco. El Mercurio, 10-04-2015