Por Humberto Salas Jara, Vicedecano Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile

Parte del descontento social expresado durante el último tiempo se ha detonado desde lo económico, entre otras causas, por fallos en el funcionamiento de los mercados al amparo de una regulación deficiente; es por ello que prácticas anticompetitivas, asimetrías de información, en algunos casos captura del regulador, financiamiento ilegal de la política y así también evasiones impositivas gatillaron una percepción de injusticia generalizada. 

Estos acontecimientos han dejado en evidencia la incapacidad del Estado en las últimas décadas para fiscalizar y sancionar malas prácticas, lesionando fuertemente la imagen del mercado como asignador eficiente de los recursos. Es así como emergen instancias democráticas inéditas en las que representantes de la ciudadanía, hoy conocidos, se disponen a escribir la nueva carta magna asumiendo la responsabilidad de dialogar y establecer los acuerdos que definirán las reglas del juego para próximas cuatro décadas. 

Es de esperar que en este ejercicio predomine el sentido común, la reflexión y prevalezcan principios esenciales en pos de mantener la estabilidad macroeconómica y competitividad que nos ha caracterizado como país en el vecindario; esto implica necesariamente conservar la autonomía de instituciones relevantes como el Banco Central, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado y el propio Tribunal Constitucional. 

Es imperante, mantener firmes los principios de democracia, orden público y libertad en todo ámbito, esto implica a su vez conservar los derechos de propiedad, emprendimiento libre, acceso a educación con libertad de enseñanza, salud de calidad, igualdad ante la ley y seguridad social. Se debe avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios y defender ante todo la independencia de los poderes del Estado. 

Con estos pilares garantizados será posible recuperar y mantener nuestro status como país propicio para la inversión, que es finalmente el componente primordial para la generación de empleo en el largo plazo. Establecidos los cimientos descritos, será posible y real transitar gradualmente hacia instituciones inclusivas y modernas condescendientes con la anhelada movilidad social, fortalecer una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y en el mérito individual, propiciando una justa competencia con reglas del juego conocidas y respetadas, minimizando abusos en todo ámbito que nos permitan avanzar con unidad. De esta forma se sustenta un crecimiento económico sostenible e inclusivo que permita, a su vez, financiar la agenda social que deberá hacerse cargo de reactivar un país fracturado por la peor crisis económica y social de los últimos tiempos.