La salud en Chile está cuesta arriba. Fonasa colapsa, las Isapres tambalean, y en medio del caos, hay una constante que nunca cambia: el costo siempre lo termina pagando la clase media.
El año pasado, más de 344 mil personas migraron desde las Isapres a Fonasa. Y no es difícil entender por qué. Las Isapres, lejos de ser un sistema solidario, ajustan sus precios año a año con una lógica implacable: mayores costos, tecnologías más caras, y una población que envejece. En 2024, los planes subieron 7,4%; en 2025, subirán 3,7%. Aunque el alza es menor, no significa que sea más justa. Este año, eso sí, se omite la polémica prima adicional de 0,045 UF por beneficiario. ¿Un alivio? Mínimo.
Frente a esto, Fonasa intenta responder, pero está sobrecargado. Las filas son más largas, las listas de espera aumentan, y el sistema simplemente no da abasto. Para 2025 se anuncia la Modalidad Complementaria de Fonasa (MCC), una alternativa para quienes quieren protección financiera adicional. ¿Será suficiente? Probablemente no. El problema no es solo de forma, sino de fondo: seguimos parchando un sistema desigual.
Lo más preocupante es la falta de regulación efectiva. Si no toma un rol más activo en equilibrar los intereses públicos y privados, lo que hoy es una crisis, mañana será un colapso sistémico. Las Isapres usan hasta el último decimal del tope permitido por el ICSA, como si solo se pudiera ocupar el total y no un límite. La Superintendencia fija el techo, pero no frena los excesos ni protege a los afiliados.
Y así, la clase media queda atrapada. No califica para gratuidad total en el sistema público, pero tampoco puede pagar planes privados cada vez más caros. Son ellos quienes pagan el precio del deterioro institucional: con sus bolsillos, su tiempo, y muchas veces, con su salud.
¿Hasta cuándo el costo lo asumirá quien menos puede resistirlo? La salud no puede seguir siendo un privilegio para quienes pueden pagarla, ni una ruleta rusa para quienes no. El Estado en su conjunto debe garantizar acceso digno y equitativo. Porque si la salud es un derecho, entonces no puede depender de los ingresos que la persona tiene para recibir una atención digna y oportuna.