“…la paralización de faenas, el cierre de empresas y la campaña del terror de la incertidumbre, han provocado una ola de despidos y cesantía. Algunos señalan que la cesantía superará los dos dígitos. El gobierno reconoce que han sido despedidos solo por necesidad de las empresas 168.000 trabajadores, de los cuales 90.000 fueron el último mes. Cifras más, cifras menos, la situación económica de los consumidores y ciudadanos se agrava”.

Por  Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus.

La experiencia nos indica que en periodos de recesión, la alta cesantía, la insolvencia y morosidad aumentan en forma significativa. Basta recordar la recesión económica de los años 80, ocurrida en dictadura. Las principales víctimas fueron los deudores hipotecarios: miles de familias quedaron sin sus viviendas producto de los embargos y remates de parte de los bancos. El gobierno salvó a la banca, pero injustamente no a los ciudadanos. Hoy día nos podemos ver enfrentados a una situación similar.

El último informe de deuda morosa elaborado por la Universidad San Sebastián, correspondiente al último semestre del 2018, arrojó datos más que preocupantes: los morosos aumentaron a 4,6 millones; la mora promedio aumentó un 10% respecto al informe anterior -un promedio 1.7 millones por persona-; la morosidad corresponde en un 57% a deudas con Bancos y un 17% con el Retail. Esta fue la radiografía del año 2018. Además, en su informe Cuentas Nacionales de Chile, correspondiente al segundo trimestres de 2019, el Banco Central reveló una nueva cifra récord del endeudamiento en los hogares chilenos: creció un 0,8% respecto al trimestre anterior.

De esta forma, la deuda llegó a 74,3% como porcentaje del ingreso disponible. Hace un año, la cifra era de 71,4%, mientras que en 2009 el endeudamiento alcanzaba el 57,3%. Datos extraoficiales estiman que la cifra de 4,6 millones de morosos habría aumentado a cifras que superan con creces los 5 millones a noviembre de 2019.

Todo lo relatado anteriormente era información pública antes del estallido social. Es decir, todavía Chile era el oasis de Latinoamérica. Sin embargo, la paralización de faenas, el cierre de empresas y la campaña del terror de la incertidumbre, han provocado una ola de despidos y cesantía. Algunos señalan que la cesantía superará los dos dígitos. El gobierno reconoce que han sido despedidos solo por necesidad de las empresas 168.000 trabajadores, de los cuales 90.000 fueron el último mes. Cifras más, cifras menos, la situación económica de los consumidores y ciudadanos se agrava.

El gobierno, atendiendo a las protestas, anunció medidas pro-consumidor y anti-abusos. Medidas que pueden ser efectivas siempre que sean profundas y exista la voluntad política por resolver los problemas de fondo de los ciudadanos.

El gobierno propuso portabilidad financiera, pero poco se podrá avanzar si las reglas no están claras en cuanto a los requisitos y montos mínimos para acceder a la portabilidad. Otro anuncio fue una plataforma que dispondrá el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para consultar cuantos seguros tienen los consumidores en el sistema. Esto no es novedad, ya que el sistema de consulta “Conoce tu Seguro” existe desde el año 2010: primero en la Superintendencia de Valores y Seguros, y ahora en la Comisión para el Mercado Financiero. Si el gobierno quisiera avanzar, según opinión de Conadecus, debiera crear un Registro Nacional de Seguros Obligatorio: un registro que permita a los consumidores conocer de forma rápida y de fácil acceso cuántos seguros tiene, el tipo y compañía.

Otra propuesta del gobierno y Sernac es un mecanismo para dar de baja los contratos. Las dudas surgen si el Sernac será el organismo que revisará los contratos de adhesión y las condiciones de este. Conadecus ha planteado reiteradamente que Sernac debiera ser el organismo regulador de los contratos de adhesión, que tenga facultad para revisarlos, obligar a eliminar cláusulas de abusivas, emitir instrucciones, entre otras.

Sin embargo, en los mensajes presidenciales y del ministro de Economía no están consideradas las demandas de la ciudadanía que provocaron el estallido social: el alto costo de la vida, la electricidad, agua, gas, alimentos. Así también, el ahogamiento por el alto endeudamiento, los abusos generados por cláusulas de aceleración en los contratos, el interés sobre interés, tasas de interés usureras; nada de esto ha sido considerado.

Conadecus entregó propuestas concretas al gobierno para proteger a la familia chilena de las consecuencias del alto sobreendeudamiento y las amenazas que generan sobre sus viviendas con deudas hipotecarias, de consumo u otras.

En resumidas cuentas, esta es la crisis que se viene. La experiencia nos indica que en periodos de recesión, la alta cesantía, la insolvencia y morosidad aumentan en forma significativa. Basta recordar la recesión económica de los años 80, ocurrida en dictadura. Las principales víctimas fueron los deudores hipotecarios: miles de familias quedaron sin sus viviendas producto de los embargos y remates de parte de los bancos. El gobierno salvó a la banca, pero injustamente no a los ciudadanos. Hoy día nos podemos ver enfrentados a una situación similar. Hasta el momento, el gobierno ofrece medidas cosméticas y el parlamento se ve poco proactivo. Sin embargo, el contexto político es distinto al que enfrentaron los deudores de los 80: tenemos una ciudadanía movilizada que no aceptará tamañas injusticias. Por eso, Conadecus llama a los deudores a unirse a la campaña #NO+DEUDAS, que lanzaremos el lunes 6 de enero para enfrentar la crisis que viene. Con la unidad de los deudores podremos proteger el principal patrimonio de la familia chilena: la vivienda.