El cuestionado proyecto de ley que comenzó a gestarse en 2019 impulsado por la senadora Carmen Gloria Aravena (ind-RN) y el senador Kenneth Pugh (también RN), con la venia del Gobierno de Sebastián Piñera, alertó en gran parte de la oposición y expertos en la materia -en aquel entonces- las graves consecuencias que podría repercutir en la población tras el estallido social del 18 de octubre y que contemplaba entregar al Presidente de la República la facultad de involucrar a las FF.AA efectuar tareas de orden público, lo que traía tristemente el recuerdo del “enemigo interno”; concepto anquilosado de la guerra fría y de los 70’. Al final su rechazo,- con veto presidencial incluido- termina siendo un acierto, porque el remedio podría haber sido, a largo plazo, siendo peor que la enfermedad.

Hace dos semanas, comentábamos en nuestras páginas dos visiones sobre el proyecto de ley de Infraestructura Crítica: una, la creadora, por parte de la senadora Carmen Gloria Aravena (IND-RN) quien manifestaba lo siguiente tras su aprobación -previo al veto del Gobierno y rechazo en la Cámara de Diputados- “permitirá resguardar la infraestructura estratégica del país ante graves amenazas que puedan ocurrir, como ya sucedió durante el estallido de 2019, cuando fueron severamente atacadas estaciones del Metro de Santiago, gobernaciones y municipios, entre otros”, agregando que, “en ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público”.

Sin embargo dichas afirmaciones tenían una oposición muy fuerte y con un argumento base, en este caso de Richard Kouyoumdjian, Vicepresidente Directorio AthenaLab y director de la Liga Marítima de Chile, quien enfatiza el error del proyecto como un “problema mal planteado” ya que a su juicio, “el error más grave del proyecto (…) es que, de su lectura, se puede extraer que el Legislador visualiza la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas como uniformados, armados y de punto fijo, realizando labores de vigilantes o centinelas de la infraestructura crítica. Esa visión implica desconocimiento de qué son, para qué son y cómo se usan las FF.AA”, añadiendo además un ejemplo claro respecto al fallido proyecto, “no se puede mandar a un soldado marino o aviador a cuidar infraestructura crítica y ordenarle que solo puede usar su armamento en defensa de su propia integridad física. Su armamento es para cumplir con su consigna de proteger la infraestructura, por lo tanto, si alguien representa una amenaza para la infraestructura que le fue ordenado defender, debería usar su armamento con fuerza abrumadora y letal en cumplimiento de su misión”.

Ambas posturas, completamente opuestas, se muestran como válidas y comprensibles; sin embargo, el proyecto en sí, al analizarlo al detalle, uno, como ciudadano se puede formular varias preguntas ¿qué se entiende por infraestructura crítica? ¿A quiénes busca proteger? ¿Qué va a defender las FF.AA? ¿Se va a defender de la gente? ¿De quiénes? respuestas que al final quedan en un vacío, son difusas e incluso ingenuas porque si se le otorgaba facultades hiperpresidenciales, significaba en aquel momento, darle el poder a las Fuerzas Armadas, cuando el mandatario de turno lo hiciera sin necesidad de un Estado de Excepción Constitucional.

Lo peor y más grave que presentaba dicho proyecto era introducir a los militares al campo del orden público, materia que pertenece exclusivamente a las policías y no a las FF.AA que están hechas para la disuasión y enfrentamientos a objetivos letales en caso de una guerra o un conflicto. Los ejemplos de países como Francia, tal como se citó en el malogrado proyecto de ley, están a años luz de nuestro país.

En resumen, el proyecto -y quedó demostrado con su rechazo, pese al veto que intentó sin éxito corregir el Gobierno de Gabriel Boric- era el reflejo de un oscuro y triste recuerdo del “enemigo interno”, concepto ideológicamente añejo y anquilosado de los 70’, y que, para la gente, otorgar facultades excesivas a los militares provocaría un efecto negativo, en resumen, represivo, porque la CDR del 80’ deja muy claro qué deben hacer las FF.AA y quién resguarda el orden público en el país.

También hay que hacer hincapié en que, este proyecto, abrió la puerta a algo que no se puede dejar pasar y que nuestro país está atrasado en décadas: reformar la ANI desde sus cimientos, además de mejorar la preparación de las fuerzas de orden público y también militar, pero eso es un trabajo que, sea el Gobierno que sea, debe tomarse muy enserio y reformar las instituciones para ponerlas al día en materia tecnológica, para así combatir los delitos eficazmente. Porque urge de verdad hacerlo, ya que la sensación de inseguridad ha crecido con el paso del tiempo.

A partir de ese momento se podrá entender el por qué realmente ha sido un acierto su rechazo a este mal proyecto de ley, fallido desde un principio, que estuvo tramitándose por tres años con urgencias en el Congreso, termina de manera bochornosa sepultada.

La lección que nos deja es que para situaciones serias, las reformas de esta envergadura no se requiere de un parche barato que buscaba ser un pequeño remedio en la herida porque al final del día terminó avanzando a una enfermedad terminal.

Un fracaso resonante.