El Juzgado de Garantía de Collipulli dio inicio –el lunes 26 de agosto– la audiencia de preparación de juicio oral en contra de siete carabineros dados de baja y de un abogado de la institución policial, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de homicidio del comunero mapuche Camilo Marcelo Catrillanca Marín, apremios ilegítimos en contra del menor de edad M.A.P.C., obstrucción a la investigación e infidelidad en la custodia de documentos. Ilícitos que habrían perpetrado en noviembre del año pasado, en el territorio jurisdiccional del tribunal.

En la audiencia de preparación (causa rol 1393-2018), la jueza María Fernanda Lagos Lepe rechazó la solicitud de la defensa de decretar la incompetencia absoluta del tribunal y de la propia magistrada y declaró la competencia del Juzgado de Collipulli en la causa en que el Ministerio Público acusa a los carabineros dados de baja: Carlos Alarcón Molina, Raúl Evaristo Ávila Morales, Braulio Valenzuela Aránguiz, Patricio Sepúlveda Muñoz, Jorge Iván Contreras Figueroa, Manuel Antonio Valdivieso Terán, Gonzalo Andrés Pérez Vargas y exasesor jurídico de Carabineros, abogado Cristián Eduardo Inostroza Quiñiñir.

En la instancia, además, la defensa de los imputados Raúl Ávila Morales, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda solicitó al tribunal la rectificación de vicios de forma, específicamente quitar de las acusaciones de los querellantes términos o palabras específicas, solicitud que fue acogida parcialmente por el tribunal, que ordenó la introducción de correcciones formales.

El tribunal fijó entre las 9.30 y 15 horas del 26 al 29 de agosto, y entre el martes 3 y viernes 6 de septiembre próximo, la continuación de la audiencia de preparación de juicio oral.

En dichas jornadas –que serán transmitidas en vivo por el canal de televisión del Poder Judicial (http://www.poderjudicialtv.cl)– la magistrada Lagos revisa la acusación fiscal, las acusaciones de los querellantes: familia Catrillanca Marín, familia de la víctima adolescente M.A.P.C., Defensoría de la Niñez, Consejo de Defensa del Estado e Instituto Nacional de Derechos Humanos, definirá los testigos, peritos, documentos y otros medios de prueba a rendir, que serán remitidos al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol para la programación del juicio oral dentro de los plazos legales.