Por: José Navarrete, Director del Magíster en Tributación, UNAB

En un escenario negativo para la actividad inmobiliaria, con tasa de interés para créditos hipotecarios al alza y un stock de viviendas nuevas sin vender de alrededor de 100 mil unidades a nivel nacional, el gobierno anunció un nuevo incentivo para agilizar el alicaído mercado de bienes raíces.

Se trata de un subsidio orientado a la clase media en la forma de una rebaja del impuesto global complementario y con derecho a devolución, con un tope anual de alrededor de 1 millón de pesos, por 5 años, de tal manera que la devolución máxima por este concepto podría ser de 5 millones.

Este beneficio tendrá una ventana específica de aplicación, que sería hasta mediados del 2024, puesto que su principal objetivo es rebajar el actual stock de viviendas que actualmente existen en el mercado.  También hay que considerar que esta iniciativa está orientada a la clase media, puesto que trabaja bajo el supuesto que los beneficiarios efectivamente pagan impuestos, vale decir, contribuyentes con ingresos en torno a los 10 millones anuales, puesto que, bajo ese umbral, se está exento de global complementario.

También se debe precisar que la devolución de 1 millón anual corresponde la devolución máxima por cada contribuyente, pero no es un monto fijo para cada persona, puesto que la devolución final, dependerá de los ingresos que el contribuyente tenga, así como las características de estos y otros beneficios que se pudiesen tener en forma paralela. Se estima que el costo fiscal de esta iniciativa bordeará los 32 mil millones entre el año 2025 y el 2029.

Desde mi punto de vista, esta iniciativa tiene una clara orientación, que es hacerse cargo del stock de viviendas que actualmente existen, toda vez que, si estas unidades se mantienen en el tiempo, no habrá espacio para nuevos proyectos. Esto es relevante, puesto que está probado que la construcción es una actividad altamente correlacionada con la actividad económica de un país, dado que es muy sensible al nivel de la tasa de interés y la predisposición a invertir que, a su vez, dependen de la incertidumbre que pudiese haber en un mercado.

En el caso local, la actual situación económica ha ralentizado el sector de la construcción, que también tiene un impacto directo en el empleo. Es destacable también, la orientación a la clase media, la que históricamente ha quedado siempre fuera de las ayudas estatales. Ahora, solo queda ver si esta iniciativa sufre modificaciones en el plano legislativo y que, en caso de haberlas, sean con criterio técnico y no político.