Los acuerdos comerciales entre la Comunidad de la Unión Europea y el Estado chileno se encuentra este años en una fase de revisión y modernización, incorporándose recientemente diversos antecedentes que dan cuenta de una serie de violaciones a los derechos humanos en Chile bajo la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera y que significaría un incumplimiento en las cláusulas de cooperación lo que constituiría nuevas medidas autoregulatorias e incluso la suspensión de tratados.

Los antecedentes fueron ingresados formalmente a mecanismos de la Unión Europea y al Parlamento de la Unión Europea, a través de una carta comunicación e informe suscrito por más de 200 organizaciones y diversas personalidades internacionales de derechos humanos, sociales, de pueblos originarios, de comunicaciones, de mujeres, sectores académicos, de escritores y escritoras de Chile y de representaciones de 15 países de América y Europa que respaldan la medida.

Dentro de lo referido están los miles de casos en el contexto del llamado “estallido o revuelta social” del 18 de octubre del 2019 y extendida hasta antes del confinamiento por la pandemia, así como diversos hechos críticos relacionados a la situación de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y “numerosos hechos de represión, asesinatos, montajes, odio, intolerancia y discriminación”, que involucra la responsabilidad de diversos agentes estatales.

Otra situación de envergadura, es la del Ministros del Interior Víctor Pérez y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quienes “según se ha denunciado, han estado vinculados a sectas nazis dentro de Colonia Dignidad. Así también, mientras se violan Derechos Humanos de numerosas personas en el marco de protestas sociales o de reivindicaciones indígenas, el gobierno ha realizado diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad.

dos ministros del ejecutivo con sectas nazis, en particular con Colonia Dignidad y los crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la dictadura militar en Chile”.

Con respecto a los desenlaces causados por grupos de civiles armados que atacaron a comuneros mapuche, quienes habían ocupado, en modo de protesta, los edificios municipales en la provincia de Malleco, recibiendo violencia física y actos de odio y racismo en comunas de Curacautín, Victoria y Traiguén, repudiaron las justificaciones efectuadas por la ex Ministra del actual gobierno, Marcela Cubillos y la del empresario Andrónico Luksic, cuyo grupo económico acapara la mayor fortuna en Chile.

Las organizaciones requieren el cumplimiento de las obligaciones de los principios, valores y normas en derechos humanos que son obligatorias a los estados, así como lo estipulado en el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad de la Unión Europea y el Estado chileno. “Apelamos a que dichas cláusulas no sean solamente retóricas, pues a las sistemáticas violaciones a los DDHH se les debe poner fin”, indican ante la Direcciòn General de Comercio de la Uniòn Europea y delegaciones del Parlamento Europeo.