Escribe: José Navarrete, Director Magister en Tributación, Universidad Andrés Bello

La reforma previsional es una de las discusiones más relevantes que enfrentará el país en los próximos meses y, tras una larga pausa en el debate legislativo, hemos visto que ha vuelto a posicionarse con fuerza en la conversación actual.

El de las pensiones es, sin duda, un tema que como sociedad debemos resolver, se trata de una preocupación transversal que urge ser resuelta y que debe considerar tanto el contexto económico como educacional, toda vez que, si la economía crece, se crean nuevos puestos de trabajo y si se mejoran los niveles educacionales, se acceden a mejores trabajos con ingresos más altos. La solución, de todas maneras, debe ser sistémica y no aislada, con criterios técnicos más que políticos.

Para una solución integral, además hay que profundizar el mercado laboral, disminuyendo los niveles de informalidad, administrar las lagunas previsionales, entre otras situaciones. Por otro lado, el aumento en las expectativas de vida y los requerimientos sanitarios que este implica, también deber estar sobre la mesa.

 Si vamos al origen del problema, lo cierto es que, si bien existen muchas lecturas al respecto, existe consenso en los distintos sectores en que el origen del problema es la baja tasa de cotización, que hoy es de 10% del sueldo, además de las lagunas previsionales, las imposiciones por montos menores a los ingresos reales y el empleo informal. Esto implica, en la práctica, que la tasa de reemplazo del sistema chileno es de un 30%. Esto significa que, en promedio, un trabajador recibe una pensión equivalente a poco menos de un tercio de sus ingresos durante su periodo activo. A nivel de la OCDE, este porcentaje es de alrededor de un 50%.

Existe un acuerdo respecto al incremento de la tasa de cotización, aumentándola a un 16% del sueldo, con cargo al empleador, y la discusión está en el destino de esa cotización adicional. Por una parte, el gobierno apoya la tesis que esta cotización debe ser destinada a un fondo común solidario. En el otro extremo de la discusión, los sectores de derecha abogan a que estos recursos vayan a las cuentas de capitalización individual. Si se miran países de la OCDE, por ejemplo, España, el ahorro es de un 28% del ingreso, muy lejos de nuestro 10% o el 16% que está en discusión.

Para tener mayor claridad es recomendable analizar los sistemas de reparto europeos. Allí las tasas de cotización obligatoria duplican o triplican a la chilena, además, todos ellos requieren una cantidad mínima de cotizaciones, alrededor de 15 años, por lo que un sistema implantado así, en nuestra realidad sería impracticable.

A pesar de que el sistema de AFP sea mal valorado por la opinión pública en general, los retiros de fondo durante la pandemia generaron un efecto importante: evidenciaron la existencia real del dinero, puesto que, dado el requerimiento legal, las AFP pagaron los montos solicitados. Esto no habría pasado en un sistema de reparto o con cuentas nocionales, una de las ideas planteadas como para el destino del 6% adicional.

En resumen, es importante volver a centrar la mirada en esta discusión y analizar paso a paso las medidas propuestas con perspectiva y realismo, en un debate informado y con trasparencia para toda la comunidad.