Recientemente fueron votados en la Cámara de Diputados distintos proyectos claves para el futuro de nuestro país. El primero, corresponde al proyecto ley Constitución Política de la República, el cual entrega el marco para dar pie al plebiscito de entrada, con el fin de consultarle a la ciudadanía si se requiere una nueva carta fundamental. El proyecto fue aprobado por 127 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. Junto a ello, se votaron por separadas las tres indicaciones que buscan asegurar la paridad de género, cupos para pueblos originarios y la conformación de pactos electorales independientes. Las tres iniciativas salieron a aceptadas, transformándose en un paso clave para fortalecer la futura redacción de la Carta Fundamental. Si bien, las tres indicaciones recién están en la primera fase del camino legislativo, ya que aún falta su discusión y votación en el Senado, queda demostrado un gran gesto de la política de acuerdos entre partidos opuestos.

Ahora, ¿por qué es tan relevante la paridad de género en el ámbito constitucional? Es de común conocimiento que, en los espacios de representación y participación política, las mujeres han corrido con serias desventajas. Basta con notar que en Chile se tuvo que crear la Ley de Cuotas de Género para asegurar la participación femenina en las candidaturas de los partidos políticos. No obstante, la cuota de 40% no ha sido lo suficientemente efectiva, debido a dos factores: la ausencia de mecanismos que aseguren su cumplimiento y la mala localización de las candidatas en la papeleta (Galeano et.al, 2019). Es relevante destacar que de los 17.574.003 millones de chilenos el 52% son mujeres, es decir 8.972.014 personas, una cifra que supera en 370.025  a la cantidad de hombres censados (CENSO, 2017).  Sin embargo, a pesar que las mujeres representen la mitad de la población chilena, y superen en número a los hombres, estas siguen teniendo problemas de participación.

Es por esto que la próxima elección constituyente será un momento clave para nuestro país, en donde se edificarán los principios y valores que cada ciudadano creerá necesario de ser incorporado a la nueva Constitución. Dicho proceso es fruto de las movilizaciones ciudadanas ocurridas desde el 18/O, en las cuales se planteó la necesidad de reconocer y respetar la pluralidad de nuestra sociedad, rescatando sobre todo los grupos históricamente excluidos y discriminados. Dicho esto, y entendiendo que la creación de una nueva Carta Fundamental debe sustentarse en un procedimiento plenamente democrático y representativo de la pluralidad social, se hace crucial que las mujeres y los pueblos originarios, dos grupos históricamente excluidos y discriminados, cuenten con una participación asegurada en el proceso constituyente.