El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó hoy –jueves 16 de noviembre– a Esteban Ignacio Henríquez Riquelme, Ernesto Lincoyam Llaitul Pezoa, Ricardo Delgado Reinao y Roberto Villouta Alcamán a 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de dos delitos frustrados de homicidio. Ilícitos perpetrados en septiembre de 2021, en sector rural de la comuna.

En fallo unánime (causa rol 56-2023), el tribunal –integrado por los magistrados Marisol Panes Viveros (presidenta), Constanza Naranjo Alé (redactora) y Christian Osses Baeza– condenó, además, Henríquez Riquelme, Llaitul Pezoa, Delgado Reinao y Villouta Alcamán a penas de 4 años y 6 meses de presidio, en calidad de coautores del delito consumado de incendio de camión; y a 300 días de reclusión, como coautores del delito tentado de incendio de camiones.

En tanto, Eduardo Mauricio Cornejo Vidal resultó condenado, en calidad de cómplice de ambos delitos de incendio, a penas de 818 y 51 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional de las penas.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que los imputados, junto a otros sujetos no identificados, formaban parte de una organización destinada a planificar y ejecutar actos de reivindicación, como usurpaciones de terrenos y sabotaje.

En dicho contexto, llegaron entre las 3 y 4 horas del 9 de septiembre de 2021, hasta el fundo maderero “Punta Arenas”, ubicado en  sector Paraguay de la comuna de Los Ángeles. Lugar donde procedieron a intimidar con armas de fuego a conductores que se encontraban durmiendo en las cabinas de camiones forestales, logrando prenderle fuego a uno de los vehículos de carga, el que resultó con pérdida total, rociar con combustible otra máquina, además de disparar en contra de la ventanilla del lado del conductor y parabrisas de otros dos camiones, los que no lograron quemar.

El tribunal aplicó a los sentenciados las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

Una vez que el fallo quede ejecutado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.