“Cabe preguntarse, ¿Esto quería la ciudadanía cuando se tenía a la vista cambiar nuestra actual Constitución?, un organismo que se revele contra todo lo establecido, que pretende absoluta soberanía y desconoce acuerdos y normas constitucionales. Un actuar que claramente está al límite de la legitimidad”.

Escribe: Carmen Gloria Aravena, senadora.

En su tercer mes de vida, la Convención Constitucional sigue dando señales erráticas a la opinión pública, las cuales restan legitimidad al proceso constituyente, alejándose del que debe ser su único cometido; discutir y aprobar una propuesta de nueva Constitución para Chile. Para llevar a cabo dicha función, los 155 constituyentes deben partir por respetar los límites que la actual Constitución les impone.

La primera señal fue la aprobación de la declaración a favor del indulto y amnistía de los detenidos del estallido social, así como también de integrantes de pueblos originarios condenados por delitos en La Araucanía, Biobío y Los Ríos desde 2001 en adelante.

El documento en cuestión fue efectuado en contra de norma expresa constitucional. Asimismo, al señalar que se debe indultar como gesto político para conseguir “paz social”, se estarían justificando los delitos cometidos en el contexto del estallido social y, sobre todo, los hechos de violencia y terrorismo del cual somos víctimas hace más de 20 años en La Araucanía.

Luego fuimos testigos de un primer atisbo de la intención de ciertos sectores de cambiar el nombre oficial de nuestro país, cuando la subcomisión de Reglamento de Estructura Orgánica y Funcionamiento aprobó eliminar el término “República de Chile” del reglamento que regirá a la Convención. Aunque, lo anterior no ha sido aprobado por el pleno, preocupa y llama la atención si consideramos que estos cambios sí han tenido lugar en otros procesos constituyentes latinoamericanos.

Un tercer hecho que ha generado preocupación en gran parte de la ciudadanía es la propuesta de reglamento de la Comisión de Derechos Humanos, donde se plantea el reemplazo de Carabineros por “una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil”.

Volvemos al tema de fondo, pues la Convención no puede incorporar en su reglamento materias que dicen relación con modificación de normas jurídicas o la disolución de instituciones, temas que nada tienen que ver con el funcionamiento de la instancia.

Finalmente, y dejando a un lado el episodio de Rodrigo Rojas Vade, quien mintió respecto a un supuesto diagnóstico de cáncer, hecho a todas luces impresentable y que resta confianza al organismo, evaluemos lo sucedido en la primera votación del reglamento de la Convención.

Primero, el quórum para aprobar las normas de la nueva Constitución, ni siquiera debió haber sido sometido a votación, ya que esto no deriva de lo que decida la Convención. Por mandato constitucional, el artículo 133 señala que “la Convención debe aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio y le queda prohibido alterar los quórum y procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdo”.

Toda discusión en torno al quórum afecta una regla fundamental de legitimidad del proceso constituyente, por lo que, lamentablemente, el nuevo texto constitucional que resulte del trabajo de la Convención podrá ser visto con desconfianza por quienes respetamos las reglas.

Cabe preguntarse, ¿Esto quería la ciudadanía cuando se tenía a la vista cambiar nuestra actual Constitución?, un organismo que se revele contra todo lo establecido, que pretende absoluta soberanía y desconoce acuerdos y normas constitucionales. Un actuar que claramente está al límite de la legitimidad.