Escribe: Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción.

La ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha sido aprobada, poniendo la lápida al Sename. La pregunta que cabe hacerse en este momento es si ello significará un real beneficio para los niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos. Sin lugar a dudas la respuesta es no. Ello no ocurrirá en la medida que las políticas públicas y el conjunto de reformas legislativas necesarias para una efectiva protección de los derechos humanos se hagan realidad.

Si bien hay avances, preocupan los retrocesos y los enormes vacíos que se generan al no contar con una ley de protección o garantía a los derechos de niños y niñas, sin que necesariamente sean víctimas de violencia intrafamiliar, institucional o estructural. Ello es clave para no cargar al nuevo servicio con tareas propias de las políticas sociales universales, cosa que ocurrió con el agonizante Sename. Las tareas vinculadas con salud, educación, vivienda, pobreza, medio ambiente, seguridad social, deben estar radicadas en las instituciones pertinentes, mandatando su articulación en la Ley de Garantías.

El nuevo Servicio retrocede al establecer programas para inimputables. Es decir, niños y niñas menores de 14 años, en tanto acusados por un ente indeterminado de cometer un delito, serán derivados a programas especiales, sin investigar si el delito se cometió y si participó en él, sin derecho a defensa, sin debido proceso, sin justicia.

Sin lugar a dudas los derechos humanos y especialmente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes deberán ser parte del debate constitucional, el solo reconocimiento de su existencia