“Esta es la única forma de mantener bajo control a funcionarios públicos, obviamente, bajo la observación del mundo civil, capaz de garantizar al país que su función debe tener como único objetivo, recuperar la confianza de los chilenos en sus instituciones encargadas de velar por su tranquilidad y seguridad”.

En nuestra edición 621 informamos que en fallo emitido el 9 de noviembre de 2020, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia que condenó a siete funcionarios de la tenencia Galvarino de Carabineros en retiro, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñirripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquín Tropa y Heriberto Collío Naín. Ilícitos perpetrados en octubre de 1973 en las comunidades indígenas de Levío y Huicaleo.

En la presente semana, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de tres carabineros en retiro  por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del obrero agrícola y dirigente sindical Pedro Curihual Paillán. Ilícito perpetrado en septiembre de 1973, en la comuna de Pitrufquén.

Hechos como los señalados, se repiten por sucesos similares cometidos en comunas como Lautaro, Victoria, Angol, Cunco, Temuco, Saavedra y en otras, donde queda de manifiesto que Carabineros actuó con impunidad para cometer delitos como torturas, fusilamientos, golpizas y homicidios, sin órdenes de tribunales y que significó muerte y desapariciones de personas, sin ningún respeto a la vida de decenas de personas, menos por los derechos humanos.

Por décadas, estos graves crímenes de lesa humanidad no fueron denunciados y solo la tenaz lucha de familiares y amigos, algunos abogados y organizaciones humanitarias, buscando información y reuniendo información, lograron despertar a jueces y ministros de Cortes de Apelaciones y Suprema, buscar, interrogar y detener a los culpables.

Con el retorno de la democracia, algunos comenzaron casi en sordina, a señalar que luego de la experiencia de los años 70 y 80 el país debía configurar una policía distinta, más cercana a la población nacional, más respetuosa de los deberes y derechos, con valores ciudadanos y éticos que deben ser incorporados con urgencia en las escuelas de formación policial, sin perder su esencia, como es prevenir y perseguir a quienes delinquen.

Pero en los últimos y gracias fundamentalmente por medios de comunicación que han sido obstinados en investigar, se ha destapado actos de corrupción y utilización de millonarios recursos institucionales para beneficio personal, especialmente de oficiales de alta graduación.

Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ha señalado que esta reforma debe pasar por tres pilares fundamentales: “Primero, revisar su doctrina; segundo, su estructura orgánica jerárquica; en tercer lugar, su formación y capacitación inicial y permanente y que mecanismos de selección de ascenso y retiro, por sobre todas las cosas, sean con un enfoque de Derechos Humanos”.

Es por ello que llama la atención, que el Ejecutivo y especialmente el Presidente de la República,  confunda la reforma necesaria a Carabineros con otras reformas que tienen que ver con problemas de seguridad, como la reforma a la Ley Antiterrorista o la reforma a la Ley de Inteligencia. Es preocupante que el presidente vuelva a insistir que la reforma policial se satisface con proyectos de modernización y de especialización preferente que están en el Parlamento.

El fomento de la ética en el servicio público, se considera fundamental para el desarrollo de los países. Una vez establecidos los marcos normativos básicos, así como el sistema de control y sanciones administrativas y judiciales de los actos contra la ética, los países de la Unión Europea han avanzado hacia lo valórico, como Política de Estado en muchos de los países miembros.

Para el logro de la integridad de las distintas políticas, normas e instrucciones sobre probidad, corrupción y transparencia en la función policial, así como su proyección y permanencia en el tiempo por sobre las prioridades de cada gobierno, es indispensable que el fomento de la ética en el servicio público sea una Política de Estado.

Esta es la única forma de mantener bajo control a funcionarios públicos, obviamente bajo la observación del mundo civil, capaz de garantizar al país que su función debe tener como único objetivo, recuperar la confianza de los chilenos en sus instituciones encargadas de velar por su tranquilidad y seguridad.