En el marco de la tramitación del proyecto de ley de Integridad Pública y en la antesala de la indicación en materia de delitos de soborno y cohecho que presentaría el Ministerio de Justicia ante la comisión mixta y que incluiría la inhabilitación para ejercer cargos en empresas que se relacionen con el Estado, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, valoró las propuestas del Ejecutvo, que entre otras medidas, plantea nuevas sanciones a quienes estén involucrados en actos de corrupción y la aprobación de penas por delitos de soborno y cohecho.

El presidente del CPLT realizó estas declaraciones en el marco de su presentación ante los miembros de la Comisión Mixta del Senado, la que analiza la iniciativa en materia de integridad pública. En dicha instancia, presentó una serie de propuestas al proyecto antinepotismo, que persiguen prevenir y sancionar conflictos de intereses en todas las instancias en que pudiesen ocurrir: al ingresar al sector público, durante su ejercicio en el cargo y con posterioridad al cese de sus funciones.

Drago destacó particularmente la propuesta del Ejecutivo que apunta a aumentar  la transparencia del registro de proveedores del Estado. En este sentido, apuntó quela creación de un registro de condenados que permita conocer qué empresa o proveedor ha estado involucrado en actos irregulares, impidiendo que vuelvan a ostentar contratos con el Estado, es “sin duda, un paso importante”.

Sin embargo solicitó ampliar algunas de las propuestas. Por ejemplo en lo referido a prohibiciones de contratación con el Estado por infracción de reglas de transparencia, probidad y de libre competencia centradas en personas naturales.Drago puntualizó que decisiones como ésta se “alinean con lo que venimos planteando respecto de listas negras de contratación con el Estado para casos de este tipo. Sin embargo, creemos que existe la posibilidad de avanzar un poco más”.

“Básicamente, lo que planteamos es la necesidad de establecer listas negras de contratación con el Estado, partiendo por personas naturales, pero sobre todo empresas, en la medida en que hayan tenido participación en delitos de soborno o cohecho, en faltas a la probidad de otra naturaleza,  e incluso en el ámbito de la libre competencia”, enfatizó.

El objetivo de esta propuesta, resumió el titular del CPLT, es: “dar nuevos pasos para aumentar el control social y la obligatoriedad de este tipo de declaraciones para todas las entidades que firman contratos con el Estado, que debieran publicitarse vía transparencia activa”.

Otras de las propuestas planteadas por el CPLT al proyecto de integridad pública refirieron a ajustes de plazos de deber de abstención con las declaraciones de intereses y patrimonio, y la publicación de las obligaciones de informar durante el período de enfriamiento.