El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su reciente Fiscalización Especial sobre el acceso a información referente a las listas de espera en el sistema de salud pública durante el período que va de enero de 2023 a marzo de 2024. La investigación reveló problemas significativos en la gestión, registro y comunicación de estas listas, afectando la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer el estado del sistema de salud en este aspecto.

Los resultados de la fiscalización revelaron que al 31 de marzo de 2024 el promedio general de días de espera en las listas GES (Garantías Explícitas en Salud) retrasadas es de 138 días, mientras que para las intervenciones quirúrgicas el promedio asciende a 252 días. Se detectó que los hospitales de las macrozonas sur y austral presentan los tiempos de espera más prolongados, en contraste con la macrozona norte, donde los tiempos son los menores. En cuanto a la segmentación por tipo de patologías, los problemas de salud con mayor cantidad de garantías en espera son enfermedades de la visión, seguidas por enfermedades crónicas y tratamiento de cánceres. A su vez, el grupo con la mayor proporción de egresos corresponde a los tratamientos oncológicos, con 159.594 pacientes egresados en el período fiscalizado.

Según el informe, al 31 de marzo de 2024, se registraron 82.486 casos en listas de espera GES, según información proporcionada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sin embargo, se detectaron inconsistencias entre dicha información y aquella reportada por los Servicios de Salud y FONASA, también disímiles entre sí. Esta discrepancia entre los datos, genera incertidumbre sobre la veracidad de la información y dificulta la adopción de políticas públicas efectivas, basadas en evidencia.

Para la realización de la fiscalización, se realizaron solicitudes de acceso a información a los servicios de salud, a la Superintendencia de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a instituciones castrenses de salud, y a los establecimientos autogestionados en red de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Al respecto, el informe señala que 14 instituciones no respondieron dentro de los plazos legales establecidos por la Ley de Transparencia y 40 no entregaron la totalidad de los datos requeridos. También se detectaron prácticas dilatorias en la derivación de solicitudes de información, lo que en algunos casos provocó la omisión o entrega incompleta de los datos requeridos. Todas estas falencias obstaculizan la posibilidad de la ciudadanía de hacer una evaluación del estado de situación de las listas de espera y afecta la confianza en la gestión del sistema de salud pública.

Asimismo, la fiscalización implicó la revisión de los sitios web de los servicios de salud del país, con el fin de poder saber si estos organismos, de forma proactiva, publican información sobre las cifras de listas de espera. El hallazgo al respecto es que solo 7 de los 29 servicios de salud revisados publican información sobre listas de espera, sin un estándar uniforme que permita a la ciudadanía conocer de manera clara y actualizada la situación.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se refirió a los resultados de la investigación, destacando que: «El acceso a la información es un derecho fundamental de las personas y una herramienta para el control ciudadano. La falta de consistencia en la información sobre las listas de espera no solo vulnera este derecho, sino que también debilita la confianza en el sistema de salud pública. Por lo demás, vemos con preocupación que se recibió información de los servicios de salud de 26 sumarios por gestión de listas de espera, de los cuales solo uno estaba terminado. Como Consejo, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a mejorar los mecanismos de fiscalización, corregir estas deficiencias en el acceso a la información y garantizar la disponibilidad de información fidedigna y oportuna para la ciudadanía».