“… el homicidio vía incendio del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, dos personas de la tercera edad que pernoctaban en su casa denominada granja Lumahue, sector de Vilcún, en la madrugada del 4 de enero de 2013 (…) el 19 de septiembre de 2021, también en la noche, esta vez en el sector de villa Las Araucarias, comuna de Carahue, fue atacado y quemado el inmueble que habita el matrimonio compuesto por Hernán “Toño” Allende Ponce y Delia Flores Tamarin, quienes resultaron con quemaduras de gravedad y consideración, los que aún se encuentran hospitalizados.

Escribe: Jorge A. Aguirre Hrepic, profesor de Estado, consultor en Inseguridad,

Criminalista-Criminólogo.

Habitualmente se dice que el individuo humano es el único ser vivo que transita por la tierra y tropieza dos veces con la misma piedra y parece que es cierto.

Consecuente con lo anterior, hay que señalar que independiente de la falta de voluntades por esquivar las piedras, también se basan en la porfía humana, en la ignorancia, la ineptitud, la flojera por buscar otro camino y la carencia de visión.

En la actualidad y ante la seguidilla de actos violentos de corte terrorista, que han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo en la Región de La Araucanía, el Estado Chileno, ha tropezado con un pedregal entero, esa es la situación.

La evidencia irrefutable, está a la vista, sin embargo, un hecho público e indignante, por sus características fue sin duda alguna, el homicidio vía incendio del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, dos personas de la tercera edad que pernoctaban en su casa denominada granja Lumahue, sector de Vilcún, en la madrugada del 4 de enero de 2013.

Ocho años después, el 19 de septiembre de 2021, también en la noche, esta vez en el sector de villa Las Araucarias, comuna de Carahue, fue atacado y quemado el inmueble que habita el matrimonio compuesto por Hernán “Toño” Allende Ponce y Delia Flores Tamarin, quienes resultaron con quemaduras de gravedad y consideración, los que aún se encuentran hospitalizados.

Si bien no fallecieron felizmente, todo apunta a que la intención no era que sobrevivieran, derechamente existió el “dolo” de quemarlos vivos. La respuesta estatal no fue la más adecuada, aduciéndose la ubicación geográfica y las condiciones de inseguridad para los equipos de emergencia. Eso lo saben de sobra los terroristas, es parte del plan.

Tampoco se puede olvidar los jóvenes que hace dos meses murieron quemados en una cabaña en la comuna de Tirúa, aún se esperan resultados de la investigación.

Estos hechos lamentables son acompañados de la fría cifra de que los atentados incendiarios a inmuebles aumentaron en un 166 %, a la misma fecha en comparación con el año 2020.

Independiente del nutrido legajo de querellas gubernamentales -como si fuera la solución- todos estamos expectantes y ansiosos por saber quiénes fueron los autores y su verdadera motivación, se diluye en establecer si se trata de recuperación de tierras o no. ¿Acaso importa aquello? ¿Es relevante la causal?

Lo que verdaderamente importan son los hechos, los que no se deben volver a repetir, reiterándose como una desagradable cantinela, que da vergüenza repetir.

En relación directa a la irresponsabilidad del Estado, recientemente la Corte Suprema de justicia condeno al Estado Chileno por “falta de servicio”, al no poner coto a la violencia guerrillera desatada en La Araucanía.

Para ello consideró: “En el caso que terminó con el asesinato del Matrimonio Luchsinger Mackay el año 2013, reprocha el fallo que se trató de “una actividad delictiva llevada a cabo de manera organizada por grupos de personas, en una forma estructurada y planificada, dirigida a cometer uno o más delitos calificados como graves por la legislación punitiva, de forma permanente y reiterada, con fines políticos y sociales, provocando como resultado un perjuicio importante y, en este caso, destruyendo bienes y cobrando la vida de ambas personas” (cita textual, sentencia Rol 82-2021).

La H. Corte Suprema indico que el Estado, incumplió el deber de cuidado que tiene con las víctimas “para evitar el peligro conocido, creado por el ʻmodus operandiʼ de grupos de sujetos, cuya organización para cometer conductas violentas ya conocidas, contaba con estructura, cohesión, estabilidad, y planificación, lo que se verificó en el resultado”.

Entonces, la sentencia reconoció que no solamente existieron dos homicidios, sino que la habitual operación de grupos radicalizados que ejercen sistemáticamente la violencia con fines políticos.

Por su parte el coordinador de la Macro Zona Sur,  informó a la opinión pública que el gobierno  está inyectando recursos a las fiscalías de La Araucanía y de Arauco. Asimismo, se están tramitando varios proyectos de ley que serían conducentes al objetivo planteado. Ignorándose cuál es el objetivo, por cierto.

 Como broche de oro, hizo un llamamiento a encontrar “una mirada común”, pues sería la “ausencia de un acuerdo” entre los involucrados lo que impediría atender las “legítimas reivindicaciones del Pueblo Mapuche”. ¿Será esta la verdadera causal de tanta violencia?

Raya para la suma, el Estado Chileno fue condenado a pagar una indemnización a la familia Luchinger-Mackay,  seguimos con las querellas contra quienes resulten responsables, continúan los discursos bonitos, se esperan nuevas leyes al efecto, no se visualizan los cambios con la inyección de recursos económicos, siguen los ataques incendiarios a todo evento, cortes de camino, toma de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), interrupción de tráfico aéreo en el Aeropuerto de La Araucanía (Freire), y todo como si nada pasara.

La irresponsabilidad estatal, el síndrome de la impunidad y el dejar hacer en base a la omisión, ha permitido que, tropezando con la misma piedra, casi se repita la fatídica historia.