El Juzgado de Garantía de Coronel ha decretado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en el marco del Caso Puerto Coronel. Chamorro, recientemente reelecto, enfrenta acusaciones de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y delitos tributarios. Según la Fiscalía, Chamorro habría recibido 82 millones de pesos en 21 pagos realizados por Víctor Olivares, dueño de una empresa contratista para Puerto Coronel.

La investigación, liderada por la fiscal adjunta de Coronel, Glenda Lagos, se centra en tres aristas principales: los sobornos recibidos por Chamorro y otros funcionarios, la emisión de facturas falsas por parte de pymes proveedoras del puerto, y la participación de exejecutivos de Puerto Coronel en el pago irregular de dineros.

Además de Chamorro, otros implicados en el caso incluyen a Eduardo Araya, exconcejal de Coronel, y Eduardo Hartwig, fundador y expresidente de Puerto Coronel. Mientras que Araya quedó sin medidas cautelares, Hartwig enfrenta arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El abogado de Chamorro, Waldo Ortega, ha insistido en la inocencia de su defendido, argumentando que el caso ha sido «farandulizado» y que no se han encontrado pruebas concluyentes de los delitos imputados.

El plazo de investigación determinado por el tribunal es de tres meses, durante los cuales se espera que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de los acusados.