La Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes (ACHAP) advirtió que la mayor parte de los recursos de la Ley Ricarte Soto se encuentran invertidos en el mercado financiero y no están siendo destinados a dar cobertura a pacientes de enfermedades de alto costo y poco frecuentes.

Dichos montos ascendieron, al 31 de junio de este año, a 235 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto ejecutado el año 2020 (el de mayor gasto fiscal), y más de tres veces el promedio de dicha ejecución desde que la ley entró en vigencia, el año 2015 (aproximadamente, 70 mil millones de pesos).

En los primeros dos semestres del año, el fondo rentó a la baja, acumulando pérdidas por $1058 millones. De acuerdo a la Dirección de Presupuesto, los recursos están invertidos en un 19% ($46 mil millones) en fondos mutuos, 47% en depósitos a plazos ($112 mil millones) y bonos del Estado en un 32% ($76 mil millones).

El llamado se efectuó mientras el quinto decreto de la Ley, que permitirá el ingreso de nuevos tratamientos y medicamentos a su financiamiento, se encuentra retrasado respecto a procesos anteriores; y luego de que el fondo que centraliza estos recursos públicos perdiera más de mil millones de pesos en el primer trimestre de este año.

Los trámites para actualizar la normativa e incluir patologías en espera se realizan cada tres años, y requieren de varios procesos y evaluaciones técnicas previas que no se han realizado con la premura necesaria, según exponen desde la ACHAP. El anterior decreto, el cuarto, ha permitido beneficiar actualmente a casi 3500 pacientes desde 2019.

Su retraso coincide con un informe de sustentabilidad financiera de la Ley, elaborado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda durante el primer semestre, que pronostica el colapso del fondo en siete años y que determina que es inviable incorporar nuevas enfermedades.

Para las agrupaciones, el reporte se basa en supuestos “imprecisos”, que no consideran aspectos como menores precios por patentes caducadas, la posibilidad de incluir bioequivalentes o el ingreso de nuevos competidores al mercado. Tampoco la disponibilidad de recursos actuales que superan largamente el presupuesto anual de la Ley.

“Los ministerios de Hacienda y Salud dicen que no es posible agregar nuevas enfermedades porque no hay recursos, pero dicha postura se basa en supuestos de sustentabilidad financiera imprecisos. Nuestro llamado es a poder al menos reconsiderar estas proyecciones”, dijo Gonzalo Tobar, presidente de la Alianza, un colectivo que agrupa a quince agrupaciones.

“Hoy, no hay justificación técnica ni humana para no incorporar nuevos tratamientos. Existen más de 200 mil millones de pesos disponibles, incluso con pérdidas en el sistema financiero, pero que las autoridades no los cuentan como disponibles para los pacientes. Año a año, vemos cómo los recursos siguen siendo limitados y las expectativas están lejos de cumplirse”, añade el representante.

“Se perdió el horizonte”

Los recursos de la Ley ascienden a cien mil millones de pesos, reajustables por el IPC, de los cuales se debe ejecutar un 80% y el restante 20% resguardar como una garantía estatal en caso de una mayor necesidad de montos. En 2021, su presupuesto alcanzó los 110 mil millones de pesos, totalizando en el fondo 265 mil millones de pesos, al 31 de marzo (su primer reporte trimestral).

Se trata de recursos independientes a las partidas del Ministerio de Salud y Fonasa, y que, por ejemplo, no forman parte de la discusión de la Ley de Presupuesto. Por diseño, al momento de su promulgación en 2015, se instruyó que los dineros serían centralizados en una cuenta fiscal, donde se sumarían a los recursos y garantías no ejecutados en los años anteriores y su rentabilidad en el mercado financiero.

Por esta razón, el fondo dispone casi tres veces el presupuesto nominalmente ejecutado cada año, y al menos tres veces el promedio del gasto realizado en los últimos cinco años, tras unos meses de marcha blanca el año 2015. Las inversiones en fondos de bajo riesgo (bonos del estado, entre ellos) han rentado recientemente a la baja, ocasionando pérdidas por mil millones de pesos en el primer trimestre de 2021.

La abogada Andrea Martones, especialista en acceso a la salud, aseguró que la figura de un fondo es positiva para la Ley, pues permite resguardar los recursos no utilizados en un año y evitarla pérdida de valor nominal de los dineros por inflación. Sin embargo, la actual determinación de no utilizar el fondo en los pacientes es al menos cuestionable.

Esta gestión permanece a cargo del Ministerio de Hacienda, mismo organismo que elaboró el reporte de sustentabilidad financiera que apunta al colapso del fondo y la no disponibilidad de recursos.

“La mayor parte de las platas del fondo está invertida en el sistema financiero y no en los pacientes. Estamos de acuerdo en que es bueno que la plata no se pierda y se invierta, pero esto debe tener un racional: que no se pierda nunca el foco de que el objetivo final es entregar tratamiento. Al comienzo de este Gobierno, el ministro Santelices se negó a decretar el cuarto decreto porque dijo que si no se gastaba la plata en nuevos tratamientos, esta iba a rentar”.

“No tiene lógica que haya dinero para inyectar a fondos mutuos, pero no para darle a los pacientes. La pregunta entonces es: cuál es el giro, ¿financiar a la banca o salvar vidas? Esa es la dicotomía que enfrenta Hacienda respecto a la Ley Ricarte Soto, mientras Salud es completamente indiferente”, agregó Martones.