El cambio a la Constitución de 1980 debería ser la salida a la crisis política que enfrenta en la actualidad el país. Así los sostuvieron analistas y expertos, que coinciden en manifestar que el Gobierno de Michelle Bachelet debe generar las condiciones para reformar la Constitución y llamar a un Plebiscito.
La Constitución de 1980, que entró en vigencia en 1981 y cuyo ideólogo es el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, cumplió 34 años. Durante los últimos años, y una vez arribado los gobiernos pos dictatoriales ha sufrido algunas modificaciones que no han cambiado el espíritu del texto constitucional.

Calificada por analistas, abogados constitucionalistas e historiadores como una “contrarrevolución” a las ideas humanistas-cristianas y socialistas que tuvieron un alza entre los años 1960 y 1970, la Carta Fundamental ha sido duramente criticada.

Más allá de cuestionamientos a su origen, la Constitución de 1980, según algunos expertos, habría validado un modelo de sociedad, basada en la defensa del mercado.

A la luz de la coyuntura, con una institucionalidad puesta en cuestión debido a los últimos actos de corrupción, la evidencia de la relación que existe entre el dinero y la política y la desconfianza de la ciudadanía, impulsores de la Asamblea Constituyente y analistas coincidieron en que el Gobierno de Michelle Bachelet debería hacerse cargo del problema.

En este sentido, agregaron que a lo menos debería ser parte de su próxima cuenta anual este 21 de mayo.

Según el representante de AC, Genaro Cuadros, la Presidenta Michelle Bachelet debería escuchar lo que la gente dice en la calle para tener un proceso constituyente participativo, que sea vinculante, el que a su juicio debe ser la Asamblea Constituyente.

“Es una Constitución, que más allá de las circunstancias en las que emerge, busca validar un modelo de sociedad, que está puesto en cuestión hoy día por la ciudadanía, dado la misma evolución que este país ha tenido. Yo creo que la Presidenta debiera, sobre todo, escuchar la situación, escuchar lo que la gente está diciendo porque efectivamente nos hace falta un proceso constituyente, que sea participativo y vinculante, y el mejor proceso participativo vinculante es la Asamblea Constituyente”.

Genaro Cuadros sostuvo que la ausencia de la reforma constitucional en el discurso de las autoridades de Gobierno, responde a la falta de voluntad política y al temor de la mandataría de entregar esta discusión a la ciudadanía.

El abogado constitucionalista, Fernando Atria sostuvo que se está en una coyuntura política, donde los últimos acontecimientos apuntarían a la necesidad de generar a la brevedad un proceso constituyente, incluso antes de pronunciarse sobre el mecanismo.

Fernando Atria sostuvo que podría ser la salida más sana para recuperar la legitimidad de las instituciones y para ello es necesario un ‘momento institucional’.

“Es una cuestión que tiene cierta urgencia, hay que hacerlo y relativamente rápido, antes que pasen algunas otras cosas como consecuencia de la deslegitimación de la institucionalidad política. Ahora si esto es este año o el próximo, en buena manera depende de cómo se vayan dando las cosas, de qué posibilidades hay o no. Pero entiendo que optar por una vía o por otra es una decisión que tiene que tomar en cuenta una serie de otros factores políticos que hacen que las posibilidades de éxito sean mayores o menores, hay también una dimensión de oportunidad política”.

Según Atria, en el actual escenario el proceso constituyente no depende del querer de la autoridades, sino de las condiciones en las cuales un proceso constituyente sería la salida más adecuada para liberar las trabas de lo que calificó una “Constitución tramposa”.

Respecto de los conceptos y temas que no deberían estar ausentes en un nuevo texto constitucional, los analistas coincidieron en destacar la calidad de la política, como también aquellos relacionados con el medioambiente y los recursos naturales, que forman parte de las demandas por las que se ha movilizado últimamente la ciudadanía.