La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una contundente sentencia contra el Estado de Chile, condenándolo por violaciones a los derechos humanos de 135 integrantes del pueblo mapuche.

Los afectados fueron sometidos a procesos penales tras llevar a cabo protestas y acciones de reivindicación territorial en junio de 1992. Según la Corte, estas acciones estuvieron motivadas por la intención de visibilizar demandas históricas relacionadas con la devolución de tierras ancestrales.

En su fallo, la Corte determinó que Chile vulneró una serie de derechos fundamentales del pueblo mapuches, entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho de reunión y asociación, la igualdad y no discriminación, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Estas violaciones evidencian un trato discriminatorio y desproporcionado hacia los integrantes del Consejo de Todas las Tierras, organización que lideró las protestas.

Los hechos que originaron el caso ocurrieron entre el 16 y el 20 de junio de 1992, cuando miembros de esta organización realizaron la ocupación simbólica de once predios aledaños a sus comunidades.

Durante estas acciones pacíficas, colocaron carteles con mensajes que exigían la devolución de las tierras y buscaban llamar la atención del Senado, que en ese momento discutía la Ley Indígena.

Aunque las tomas se desarrollaron de manera breve y sin violencia, las autoridades chilenas iniciaron procesos judiciales en contra de los manifestantes, generando lo que la Corte consideró una criminalización desproporcionada de sus demandas.

En su resolución, la CorteIDH ordenó al Estado chileno dejar sin efecto las sentencias emitidas contra los 135 integrantes mapuches y otorgarles indemnizaciones económicas a ellos o, en caso de fallecimiento, a sus familiares directos.

Además, el tribunal internacional destacó la necesidad de que el Estado implemente medidas que garanticen el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación, en cumplimiento con estándares internacionales.

Este fallo no solo representa una reivindicación para el pueblo mapuche, sino que también subraya la importancia de abordar los conflictos territoriales con un enfoque de derechos humanos, reconociendo el carácter ancestral de sus demandas.

Asimismo, establece un precedente para futuros casos relacionados con la criminalización de la protesta social en contextos indígenas, exigiendo al Estado chileno adoptar medidas concretas para prevenir nuevas violaciones y fomentar el diálogo intercultural.