El abogado de la docente denuncia doble victimización y apunta a su ex como el verdadero responsable de la filtración. Exigen protección de la vida privada y acciones legales contra quienes hayan hecho uso de su imagen.

Un giro inesperado ha tomado el caso de la profesora de Carahue que enfrenta un sumario administrativo por la supuesta difusión de contenido para adultos. Su abogado, Daniel Del Castillo Ortiz, ha salido en su defensa con un comunicado en el que acusa directamente a su expareja, un excarabinero, de haber filtrado ilegalmente imágenes privadas de la docente como parte de una campaña sistemática de acoso y violencia en su contra.

El defensor ha sido categórico al señalar que su clienta está siendo víctima de un proceso injusto y malintencionado, impulsado por una denuncia sin fundamentos presentada por la apoderada y avalada por el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, que en vez de proteger a la docente, optó por exponerla públicamente y abrirle un sumario administrativo. Además, anunció que se tomarán acciones legales no solo contra su expareja, sino también contra la institución educativa y los medios de comunicación que difundieron su imagen sin consentimiento, contribuyendo a la vulneración de su derecho a la privacidad.

La defensa de la profesora también arremetió contra los medios de comunicación que divulgaron su imagen sin filtro ni contexto, instalando una narrativa que no solo la expone al escarnio público, sino que además la revictimiza en un proceso teñido de sesgo y misoginia.

A continuación, el comunicado completo enviado por su equipo legal:

COMUNICADO OFICIAL – DEFENSA PROFESORA DE CARAHUE

En relación con la reciente publicación en medios de comunicación sobre nuestra representada, queremos manifestar lo siguiente:

Nuestra defendida está siendo objeto de una doble victimización por parte de las instituciones que, en lugar de brindarle apoyo, la han expuesto públicamente, afectando gravemente su honra y su derecho a la vida privada.

Desde hace años, nuestra representada ha sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex pareja, Hugo Jorquera Opazo, un ex funcionario de Carabineros, quien ha ejercido un hostigamiento constante en su contra, negándose a cumplir con sus obligaciones de pensión de alimentos y sometiéndola a amenazas reiteradas, así como a hechos concretos de violencia física y psicológica. Todo esto ha sido debidamente denunciado ante diversas instancias judiciales y administrativas.

Pese a la existencia de estas denuncias, la justicia no ha tomado medidas eficaces para protegerla, permitiendo que este individuo continúe con su campaña de acoso y desprestigio. Como parte de esta persecución, su expareja ha filtrado, sin su consentimiento, imágenes de su vida privada, con el único propósito de dañar su integridad y estabilidad tanto personal como profesional.

En lugar de investigar la filtración ilícita de su intimidad y tomar medidas contra su agresor, el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía ha optado por exponerla públicamente y someterla a un sumario administrativo, basándose en una acusación infundada y malintencionada presentada por la apoderada Cristina Landerreche. Dicha denuncia la acusa de “difusión de material pornográfico a estudiantes del Liceo Claudio Arrau de la comuna de Carahue”, elevando su imagen a la categoría de pornográfica, sin que exista en su contenido actos de connotación sexual ni la configuración de delito alguno.

Se le pretende responsabilizar por hechos que escapan completamente de su control, ignorando que es una víctima de violencia sistemática por parte de su expareja.

Rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalizar o estigmatizar a nuestra representada por su imagen y vida personal. Ella ha sido siempre una profesional íntegra y dedicada a su labor educativa. La filtración de sus imágenes y la tergiversación de los hechos han generado un ambiente de revictimización inaceptable, atentando contra sus derechos fundamentales y su dignidad como profesional, madre y mujer.

Exigimos que las autoridades pertinentes enfoquen sus esfuerzos en la investigación de las verdaderas infracciones cometidas: la violencia ejercida contra nuestra defendida y la vulneración de su privacidad por parte de su agresor. Asimismo, hacemos un llamado al respeto de su presunción de inocencia y a la protección de su vida privada, principios esenciales en un Estado de Derecho.

Lamentamos profundamente que, en lugar de recibir apoyo institucional frente a la violencia de género que enfrenta, se la castigue injustamente con medidas que no solo afectan su estabilidad laboral, sino también profundizan el daño emocional y social que ha sufrido. Es inaceptable que, en tiempos modernos y en un Estado que dice velar por la protección de las mujeres, se perpetúe este tipo de vulneraciones por el simple hecho de su identidad como mujer.

Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes contra quienes han vulnerado su derecho a la privacidad y contra quienes han permitido su exposición injusta ante la opinión pública.

Equipo de Defensa

La defensa de la profesora pone así en la palestra un nuevo ángulo del caso, apuntando a que la real víctima es ella y que el foco de la investigación debería estar en su expareja, un exfuncionario de Carabineros, a quien acusan de ser el responsable de la filtración y de un historial de violencia en su contra.

Hasta el momento, las autoridades no han respondido oficialmente a estas acusaciones.