“Lo que algunos colegas de la región hasta el momento parecen no entender, es que la nueva constitución es una oportunidad única que tenemos como región de La Araucanía para enfrentar los desafíos pendientes en el llamado conflicto indígena, no hay una mejor oportunidad”.

Respecto del macizo apoyo a la convención constitucional, esto no debiera sorprendernos, al menos, la oposición lo manifestó desde el minuto uno y no desde el 15 de noviembre, sino que desde mínimo el día 9 de noviembre del año pasado

Por Héctor Cárcamo Millar

Quienes lo conocen, dicen que Jaime Quintana Leal, “trabaja, come y vive política”, actitud que ha mantenido desde su vida estudiantil en el Liceo Pablo Neruda y luego en su época de estudiante universitario en la Universidad Católica de Temuco, donde estudió licenciatura en letras y luego derecho.

El 20 de octubre del año pasado, a tres días de comenzar el llamado “estallido social” y en su calidad de presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), junto al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), concurrieron a La Moneda, acogiendo el llamado que hiciera el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a las autoridades de los tres poderes del Estado, con el objetivo de establecer un acuerdo institucional que permita enfrentar el clima de violencia que se vivía con inusitada violencia en el país, especialmente en el centro de la capital, que estalló por el alza de tarifas en el transporte público.

Mientras en las calles la violencia alcanzaba niveles no vistos, el mundo político observaba con incredulidad los pasos equivocados y silencios de La Moneda que culminaron con la frase más desafortunada –de muchas del Presidente Piñera: “Estamos en guerra”.

Ahí, alguien tuvo que salir a poner paños fríos a la candenta situación nacional: el Presidente del Senado, Jaime Quintana, salió rápidamente a rebatir que «aquí no hay ninguna guerra».

El 21 de octubre, Quintana sacó una declaración en su calidad de Presidente del Senado, donde en una de sus partes atacó el centro del estallido social: “De un tiempo a esta parte, el mundo político en general, no supo observar cómo las tarifas eléctricas, del agua, los servicios básicos, las pensiones, la imposibilidad de hacer retiros, la imposibilidad y renuencia de algunos sectores políticos a avanzar en un cambio profundo, particularmente, en una transformación al sistema de AFPs, nos ha llevado a la situación en la que hoy día estamos”.

Hoy, los problemas más urgentes están relacionados con otros que surgieron a raíz del Acuerdo Nacional, como el número de escaños para los pueblos indígenas, la convención constituyente, las demandas ciudadanas. De eso y otros le preguntamos al senador natural de Lautaro, padre de dos hijas nacidas en su matrimonio con la socióloga y alcaldesa de Vilcún, Susana Aguilera.

El jueves 29 de octubre la comisión de Constitución del Senado votó las indicaciones relativas a escaños reservados para pueblos indígenas y para el pueblo afrodescendiente. Para algunos fue un gran día, pero los senadores oficialistas rechazaron todas las indicaciones que aseguraban mayor participación y representación proporcional de los pueblos. ¿No hay acuerdo político para ese tema?

-Lo que algunos colegas de la región hasta el momento parecen no entender, es que la nueva constitución es una oportunidad única que tenemos como región de La Araucanía para enfrentar los desafíos pendientes en el llamado conflicto indígena, no hay una mejor oportunidad.

Esta oportunidad es la que nos va a permitir reparar aquello que se hizo mal o que no se hizo en el pasado, como por ejemplo, cuando en la década del 90’ y 2000 se rechazó 6 veces el reconocimiento constitucional por parte de los personaros de la derecha en el Congreso. Tenemos, por tanto, una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Está en juego también la paz social y a partir de esto yo esperaría que todos los sectores entiendan que el número de 23 escaños más el afrodescendiente no es un capricho de la centro izquierda ni de las organizaciones indígenas de la región, sino que es la manera correcta cómo se han abordado estos temas en otras constituciones en el mundo. Pretender que los escaños reservados vayan incorporados en los 155, equivale a decirle a los pueblos indígenas del país, que tienen que ser patrocinados por un partido político, eso es no entender la historia de un pueblo cuya participación es necesario garantizar en la Constitución, también para dotar de mayor legitimidad el proceso en su conjunto.

Si bien no hubo un acuerdo explícito, siempre se entendió en la noche que alcanzamos el acuerdo constitucional, que establecer escaños reservados era una condición sine qua non para avanzar en dicho proceso.

Aucán Huilcamán solicitó el veto al proyecto presentado por Chile Vamos para determinar los cupos de escaños reservados en el marco de un posible órgano constituyente pues no considera la realización de una consulta indígena y que las indicaciones presentadas por los senadores de La Araucanía se hicieron al margen de los pueblos originarios. ¿Cómo califica esta solicitud?

-Concuerdo con Aucán en que la consulta indígena es siempre la herramienta más adecuada para zanjar temas políticos y sociales que puedan afectar a los pueblos indígenas. Eso es perfectamente válido y necesario por ejemplo, para establecer escaños reservados en órganos que son permanentes, como el Parlamento, los Concejos Municipales, el Consejo Regional, entre otras instancias de participación. Sin embargo, en el caso de la convención constitucional cuyo acuerdo se produjo hace apenas un año y donde el plebiscito ocurrió hace apenas 3 semanas, pensar en que es posible antes de abril hacer una convención o una consulta indígena, no dan en los plazos si somos objetivos. Por esa razón es que se privilegió el dialogo directo con organizaciones, y para estos efectos, yo me quedo con la opinión que han entregado de manera muy transversal los distintos colectivos y organizaciones indígenas de la región, que son muy representativas y que buscan es una mayor representación en la nueva constitución.

Usted fue uno de los impulsores del Acuerdo Nacional, en su calidad de presidente del Senado, un acuerdo “por arriba”, que no considere a los actores sociales y organizaciones civiles y que por ello fue un acuerdo “cojo”. ¿Tiene confianza en que el mundo político responderá en favor de las demandas ciudadanas?

-La legitimidad del acuerdo de hace un año, la otorgó recientemente la ciudadanía en un plebiscito que tuvo un resultado categórico, con una participación nunca antes vista de jóvenes de comunas más populares y además, de vivir un proceso enteramente pacífico.

Quienes criticaron, de un extremo y de otro, el acuerdo del 15 de noviembre y si aún no les parece insuficiente el resultado tan categórico del 25 de octubre pasado, simplemente, les recordaría que aquella noche del acuerdo, y algo que pocos conocen, los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Social estuvieron presentes en el edificio del Congreso Nacional siendo consultados e informados en todo momento. Si estuvieron allí es porque sabían lo que estaba ocurriendo. Ese era el momento donde tenía que confluir el mundo político.

El estallido social, las críticas al acuerdo nacional, el plebiscito y la extraordinaria votación para que la Convención Constituyente redacte la nueva Constitución, son claras muestras de la nueva realidad nacional. ¿Se equivocan los líderes sociales o el mundo político equivocó el camino?

-Las críticas al acuerdo se disiparon inmediatamente luego del contundente resultado del apruebo el pasado 25 de octubre. Críticas al plebiscito francamente no he oído, probablemente en los sectores del rechazo si haya quedado un sinsabor aquella noche.

Respecto del macizo apoyo a la convención constitucional, esto no debiera sorprendernos, al menos, la oposición lo manifestó desde el minuto uno y no desde el 15 de noviembre, sino que desde mínimo el día 9 de noviembre del año pasado, cuando comienzan las conversaciones en serio y cuando Chile Vamos se abre por primera vez a una nueva Constitución, aunque inclinándose, ese sector político, a que sea redactada por el Congreso. Ahí la oposición tuvo una voz única, en el sentido en que bajo ninguna circunstancia podía ser el Congreso el órgano que la redactase. Por lo tanto, en este aspecto, ni los líderes sociales, ni los dirigentes políticos al menos de la centro izquierda se equivocaron.