Por unanimidad la Sala del Senado despachó el proyecto del Ejecutivo que otorga penas efectivas privativas de libertad a quienes realicen el delito de colusión, iniciativa ingresada tras la detección del denominado cartel del confort, el año recién pasado.

El senador Eugenio Tuma manifestó que el proyecto, junto con reponer la sanción penal, contempla otras normas para fortalecer la libre competencia, como la prohibición de la participación de directores o ejecutivos de empresas competidoras entre sí; el control de fusiones;  e  incorpora en la jurisdicción del Tribunal de la Libre Competencia la resolución de las demandas colectivas de los consumidores.

En el proceso de discusión, agregó Tuma, se hizo presente la necesidad de dar cuenta de otras prácticas que atentan contra la libre competencia, como son las participaciones cruzadas y los desarrollos conjuntos.

“Nuestro objetivo era incorporar en el debate legislativo la regulación de las redes empresariales que ponen un freno a la competencia, y que no permiten a nuevos actores desafiar a los principales grupos empresariales que dominan los mercados a través de las participaciones conjuntas, es decir manteniendo los derechos políticos”, aseguró el integrante de la Comisión de Economía.

De este modo, se aprobó en la Comisión de Constitución, una indicación de Tuma que prohíbe las participaciones cruzadas entre el capital de empresas competidoras, que excedieran el 10%, considerando las inversiones propias y a nombre de terceros.

Posteriormente, junto con la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio de Economía, “acordamos perfeccionar la norma para establecer la obligación de informar que todas las participaciones que superan el umbral del 10%, podrá instruir investigaciones para comprobar si infringen la libre competencia”.

Asimismo, la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) incorpora un nuevo artículo transitorio entregando el deber de las empresas que participen en el capital de empresas competidoras, según la propuesta de la FNE, de informar en un plazo de 180 días luego de publicada la ley.

Con esta norma, añadió Tuma Zedán, se dota a una agencia del Estado con la capacidad de disponer de toda la información del mercado relativa a participaciones cruzadas, estableciendo a su vez sanciones para quienes no den cumplimiento a la norma, ya que “la concentración del mercado también es grave cuando afecta la posibilidad de desafiar a las empresas por nuevos emprendimientos”, aseguró.

El proyecto

El proyecto de ley establece que el monto de la multa por coludirse ascenderá al doble del beneficio obtenido durante la colusión o el 30% de las ventas; habrá prohibición de contratar a los infractores en cualquier órgano de la administración pública por hasta 5 años desde la sentencia ejecutoriada; contempla la delación compensada; establece penas de privación de libertad de entre 5 y 10 años.

“Esperamos que con esta discusión y la aprobación de estas normas podamos enfrentar las conductas que están presentes en el mercado y con toda la información disponible prevenir nuevas conductas que afectan el dinamismo de nuestra economía”, acuñó el legislador de La Araucanía.

“La OCDE recomendó a nuestro país efectuar modificaciones a la institucionalidad de libre competencia. Pero lo más importante es dar cuenta del conflicto político institucional que existe en nuestra sociedad respecto a la asimetría, injusticia y privilegios que persisten en el tratamiento de los delitos económicos respecto a otro tipo de delitos que atentan contra la propiedad”, reflexionó el legislador PPD.

Tuma argumentó que la economía de Chile presenta altos niveles de concentración; tres empresas controlan el 99% de la telefonía celular; tres supermercados concentran el 85% de las ventas; tres farmacias se reparten el 95% de ese mercado. En combustible una sola empresa controla el 67% de la distribución.

“El 75% de los fondos de pensiones está administrado por tres instituciones; cinco isapres controlan el 95% del mercado; y el sistema financiero cuatro bancos concentran el 70% de los ingresos del sector».