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Seguridad chilensis, expectativas de solución

Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 6 de febrero de 2022 | Publicado a las: 09:55

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“La tarea para el Sr. Vergara es dura, tiene un gran desafío por delante, pero tiene que aprovechar que este gobierno saliente en materias de seguridad y crimen, dejó la valla a 30 centímetros, tan baja que no se necesita ser equitador para saltarla y montando a un burro, con eso basta. Éxito”.

Escribe: Jorge A. Aguirre Hrepic, Profesor De Estado, consultor en Inseguridad, Criminalista-Criminólogo.

Rindo fianza de cansancio y agotamiento para aquellos que todos los días escuchan, ven y los menos leen, sobre las palabras “seguridad, delincuencia, crimen,” en Chile.

Estas palabras retumban en los tímpanos de millones de personas, pero es inevitable y seguirá siendo así por muchos años, porque la industria del delito es tan rentable, que un buen negocio se extingue de la noche a la mañana ni aunque quiebren las empresas y menos si estas no tributan como corresponde.

Es decir, el delito no paga IVA (impuesto al valor agregado), salvo cuando en la trazabilidad del mismo ingresa al mercado legal, a través del “lavado de activos” (dinero) y ahí si paga impuestos, que también descuenta cuando la modalidad delictiva de cuello y corbata, hace donaciones o crea otras personas jurídicas para tales efectos.

Como si esto fuera poco, hay que agregar la importación no tradicional de personas que bajo diversos estatus político social-humanitario, ingresan al país, sin restricciones y en gran mayoría vienen a ejercer funciones especiales delictivas de sus propios países de origen.

Esto, que es grave, demuestra que solo les interesa a pocas personas, ya que las futuras víctimas ni sueñan con lo que vendrá.

Desde hace mucho tiempo el control de la estadística criminal de denuncias y detenciones, más la de calificación penal de los delitos y las sentencias judiciales, no cuadran, solo son meros guarismos cuantitativos que sirven para adornar afiches, porque ni siquiera sirven para generar políticas públicas.

El mejor ejemplo son las tasas de homicidios en Chile, que, al observarlas, demuestran que el país es el más seguro en Latinoamérica, ya que se compara con Jamaica, Honduras, Nicaragua, es decir ningún país de la OCDE.

Es decir, siempre nivelando hacia abajo, pero cuando se analizan las “cifras” (problema matemático), de muertos en Chile, el conteo de homicidios es más bajo, principalmente por que se denuncia por “hallazgo de cadáver” aunque existan lesiones atribuibles a terceros. Así de simple.

Segundo, no se consideran las muertes de personas que no tiene registro en el país ya que ingresaron ilegalmente y viven ilegalmente y por supuesto la mayoría de los cuerpos no aparecen y tercero la cantidad de desaparecidos, que figuran como “presuntas desgracias” y como no aparecen siguen como tales.

Entonces, estamos en presencia de cierto maquillaje estadístico que sagradamente cumple un rol a la hora de las cuentas públicas de varias instituciones y candidatos políticos.

La inversión se ve mermada por el riesgo país, por el temor al crimen es decir está ligada finamente con el escenario económico, por lo que es altamente tentador delinquir para muchos y atrae a otros, a partir de la premisa de que es fácil delinquir y que en Chile hay una protección tacita, nunca antes vista en el orbe, a la casta criminal.

Aquí la ocasión ya no hace al ladrón, si no que el ladrón solo observa las condiciones favorables a la vista para realizar el zarpazo y punto. No se visualizan las condiciones impeditivas a las inconductas.

En este orden de ideas, ha surgido una profesión u oficio, hace muchos años, que es la de “experto en seguridad”, título informal que entrega la universidad de la vida a todo aquel que goza de la confianza política de un partido o autoridad con poder para nombrarlo y que haga como que hace algo, mantener en suspenso y ascuas, a la población.

Esta situación abarca a todos los gobiernos sin excepción, aquí en este negocio del miedo,  el color político no importa, solo la venta de pomada, el show, las relaciones públicas, la entrega de chapitas y el regalo de alarmas comunitarias a más no poder, tanto como chalecos amarillos se puedan regalar con recursos fiscales.

La promulgación de leyes especiales para que crezca el negocio sobra, y se extiendan a otras instituciones, pero la Ley de seguridad descansa en el Congreso chileno hace 13 años. Nadie dice ni hace nada al respecto.

Conforme a lo anterior, se han creado direcciones regionales, comunales, asesores provinciales, macrozonas, etc.

¿Alguna ha dado resultado positivo?

¿Han logrado sus objetivos?

¿Se siente más segura la población civil?

Como las palabras se las lleva el viento, se han hecho planes, pero sin control estratégico ni evaluaciones, por mucho que una u otra fundación meta las manos y opine. Pura teoría.

Está tan desordenado el cuento, que cuando recientemente se publicó el listado de subsecretarios, en tercer lugar, apareció el “subsecretario de seguridad pública”, don Eduardo Vergara Bolbarán.

Lo primero que llamó la atención, es que esta subsecretaría no existe, si lectores de Tiempo 21, no existe.

La subsecretaría sectorial del ramo de la seguridad en Chile, se llama “Subsecretaria de Prevención del Delito”, que no tiene nada que ver con lo otro, por lo que no es un problema semántico, es ignorancia pura. Salvo que vayan a crear otra repartición publica al efecto.

El nombre del subsecretario no es desconocido, lleva años en este negocio, a través de su militancia en el PPD, toda vez que La Moneda no es desconocida para él, y algunas intendencias y gobernaciones tampoco. Es decir, posee el paragua político respectivo y en lo técnico ha efectuado cursos y seminarios que lo relacionan con los temas. Al menos desde la perspectiva teórica.

El tema de fondo es otro, y se refiere al diseño arquitectónico del rascacielos de la seguridad que debe crearse, y aquí solo hay edificios y el más alto que está en Santiago, dificulto que se lo presten ya que tendrían que hacerles muchas modificaciones.

En este edificio hay que instalar ascensores victimológicos adecuados, ascensores más rápidos para frenar la inseguridad, compartir oficinas con el Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI, Gendarmería de Chile, Sename, Servicio Médico Legal, aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación, ANI, Directemar, DGMN, DGAC, municipios, en fin varias instituciones que tienen oficinas en otros edificios y casas, -dirán algunos-, por ello que es necesario un liderazgo que aglutine a todos.

Si a todo esto le agregamos, los problemas de las migraciones en el norte grande y su avance hacia otras regiones, la firma de convenio entre el gobierno regional de Magallanes y Antártica chilena con Acnur (Alto Comisionado de Las Naciones Unidas Para Refugiados), con la finalidad de realizar un desplazamiento de inmigrantes de forma ordenada, sistematizada y humanitaria y todos los etcéteras que se le ocurra.

Adicionalmente, y no menos importante, el clima de terrorismo en Arauco y Araucanía, que algunos tibiamente denominan violencia rural, solo esperan que alguien venga a frenar esto, ya que ni con el estado de excepción constitucional se pudo.

Las expectativas de solución son muchas, y no importa el color del gato, solo importa que cace ratones. Eso es lo que se necesita con urgencia, para evitar más víctimas y daños a la propiedad pública y privada.

Solo se requiere una subsecretaría que aproveche los medios y se enfoque en la meta, se aleje de la farándula y se concentre en los chilenos y sus familias.

La tarea para el Sr. Vergara es dura, tiene un gran desafío por delante, pero tiene que aprovechar que este gobierno saliente en materias de seguridad y crimen, dejó la valla a 30 centímetros, tan baja que no se necesita ser equitador para saltarla y montando a un burro, con eso basta. Éxito.

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