Con el retorno de la democracia en los años 90, se generó el concepto de la Política de los Acuerdos, o la Política de los Consensos.

El presidente de la República Patricio Aylwin y su Gobierno, se vieron enfrentados a diseñar una estrategia que les permitiera navegar por las aguas procelosas de la transición de la dictadura a la democracia, para que ésta pudiera asentarse, evitar un retroceso y en definitiva, consolidarse. La Constitución del 80 había generado los amarres necesarios para que nada sustancial se cambiara mediante los mecanismos de los senadores designados, del sistema binominal y del control preventivo del Tribunal Constitucional, incluida la continuidad en la comandancia en jefe del Ejército del general Pinochet.

Por ello, la derecha tenía la llave que permitía el desarrollo del proceso legislativo, con resultados que el nuevo gobierno democrático necesitaba para instalar sus objetivos.

Los dirigentes de Renovación Nacional de la época instalaron este método de entendimiento, bajo el subentendido implícito de llegar a los acuerdos políticos legislativos y que permitiera, en el fondo, concordar los proyectos del Gobierno democrático, sin alterar sustantivamente el diseño de las bases esenciales del modelo instalado en dictadura; el Gobierno, por su parte, sabiendo que no contaba con las mayorías parlamentarias, aceptaba esta realidad con un sentido realista que le permitía avanzar “en la medida de lo posible” en su programa de Gobierno. Con el paso de los años, ha quedado claro que el margen de maniobra del gobierno democrático no tenía mayores alternativas.

A partir de allí, se generó en la opinión pública la idea de que los políticos debían buscar siempre los acuerdos; pero que si éstos no se producían se debía a falta de voluntad, a caprichos voluntaristas, a proyectos propios o agendas personales, y últimamente también a la proliferación y fraccionamiento de partidos políticos, el discolaje individualista, y a la falta de disciplina partidaria.

Es verdad que estos fenómenos políticos existen, con distinta intensidad en ambas cámaras parlamentarias; pero pensar que simplemente los acuerdos no se producen por falta de voluntad, es desconocer la naturaleza intrínseca de los partidos políticos, que nacen fundamentalmente para la representación de intereses que en toda sociedad existen, dados los distintos actores que se mueven en ella.

Así, la negociación que se lleva a cabo al interior del parlamento por los partidos políticos, está condicionada por los intereses en juego que se mueven entre la derecha, la izquierda y el centro. Entonces, no es un problema de ser buena persona, o de tener o no buena voluntad. Son los intereses los que afectan, o pueden afectar, los proyectos de ley que son objeto de la negociación.

Es lo que pasó últimamente con el proyecto de reforma de Pensiones, dónde estaban en juego los intereses de la industria de las AFP, por un lado, y los intereses de los trabajadores que capitalizan individualmente sus ahorros, por otro lado. Las AFP administran estos ahorros y se forma un gran mercado de capitales, con el cual se lucra, y que al 2025 bordean unos 200 mil millones de dólares, que financian a las empresas y grupos económicos; mientras los trabajadores(as), por su parte, esperan el momento de jubilar para recibir su pensión –que a la fecha ha sido miserable–.

 En este caso, la negociación se produjo entre la derecha, que defendió los intereses de las AFP, y la centroizquierda, que defendió los intereses de los trabajadores(as). La línea roja de la derecha fue la permanencia del sistema de capitalización individual, administrado por las AFP y el fortalecimiento del mercado de capitales; la línea roja de la centroizquierda fue el aumento de la PGU y el avance en un sistema de Seguro Social, en la medida de lo posible. Ahí se cruzaron las líneas que posibilitaron el acuerdo. Sólo intereses, nada personal: como diría El Padrino, sólo business.