Tras la destitución de la senadora socialista, diputados del PS anunciaron acciones ante el Tribunal Constitucional para exigir igual tratamiento en casos de otros legisladores vinculados a contratos con el Estado.

La destitución de la senadora Isabel Allende (PS) continúa provocando fuertes repercusiones en el Congreso. Ahora, diputados socialistas —Daniel Manouchehri, Nelson Venegas y Daniela Cicardini— anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se investigue a otros parlamentarios que habrían suscrito contratos con el Estado, en presunta infracción a la Constitución.

La medida surge tras la publicación de un reportaje de The Clinic que reveló los vínculos contractuales de figuras como Ximena Ossandón (RN), Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Fidel Espinoza (PS) y Jaime Mulet (FRVS).

Desde el Congreso, Manouchehri explicó que se encuentran recopilando antecedentes para evaluar acciones legales. “No puede existir discriminación política. Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no llegó a ejecutarse, cabe preguntarse qué debería ocurrir cuando se trata de contratos vigentes y ejecutados”, señaló el diputado.

El parlamentario advirtió que la bancada iniciará la recolección de firmas para formalizar el requerimiento, apuntando directamente al criterio que aplicó el TC en el caso de Allende. “Esperamos coherencia y consecuencias. El precedente jurídico ya está establecido y debe aplicarse sin dobles estándares”, remarcó.

Con esta ofensiva, el Partido Socialista busca instalar un contrapeso en la agenda política y forzar un debate sobre los eventuales conflictos de interés dentro del Parlamento, en momentos de alta tensión institucional.