Por: Alejandra Parra, Bióloga en Gestión de Recursos Naturales, co-fundadora de RADA

El gran empresariado está en campaña para reducir al mínimo los estándares ambientales y facilitar la aprobación de proyectos, todo esto bajo la agenda llamada “permisología”, que pretende instalar el imaginario de que habría un exceso de trámites para obtener permisos ambientales, lo que tendría un impacto negativo en la economía del país. Esta agenda hoy se cristaliza en el proyecto de ley de modificación de normas sectoriales, que se encuentra en el senado (boletín 16.566-03). De aprobarse, esta ley permitiría que las empresas ejecuten sus proyectos sin que se complete la evaluación ambiental, solo firmando una declaración jurada.

La verdad es que la demora en las evaluaciones ambientales se debe principalmente a la solicitud de las empresas de suspensión de plazos en las evaluaciones ambientales, para responder a las observaciones ya sean ciudadanas o de los servicios públicos. Sobre todo en proyectos muy mal formulados, las observaciones pueden ser cientos y hasta miles.

Es así como el tiempo de evaluación transcurre hasta el 80% bajo suspensión de plazos a solicitud de las empresas. El caso de WTE Araucanía es un ejemplo de aquello, habiendo solicitado la empresa, la suspensión de los plazos en cuatro ocasiones, por un plazo total de 1.465 días, es decir más de 4 años del tiempo de la evaluación de este proyecto, transcurrieron bajo plazos suspendidos a solicitud de la misma empresa.

Pero aun cuando los proyectos son evaluados y aprobados, esto no es garantía del cumplimiento de las normas ambientales que las empresas se comprometen a respetar, sobre todo si la evaluación es rápida y sin participación ciudadana. Este es el caso del proyecto COMASA-Lautaro, una planta termoeléctrica a biomasa que fue evaluada por Declaración de Impacto Ambiental, sin participación ciudadana. Ingresó a evaluación el 2009 y fue aprobada el 2010 en tan solo cuatro meses.

En junio de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a COMASA con una multa de 1.061 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a $620.570.412 pesos chilenos. La sanción respondió a incumplimientos en las emisiones de material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx), la falta de reportes de calidad y el incumplimiento de requerimientos de información.  

Las negligencias en la operación de la Central Termoeléctrica Lautaro-COMASA evidencian los riesgos de las evaluaciones a la rápida, sin participación ciudadana, y poco exhaustivas.

Incumplimientos graves

Los principales incumplimientos detectados fueron:

1.- Falta de Reportes de Monitoreo de Emisiones: COMASA no presentó reportes trimestrales de emisiones, lo que impidió a la SMA evaluar el cumplimiento normativo entre 2015 y 2017.  La normativa exige reportes trimestrales con información sobre parámetros de emisiones, horas de encendido y apagado, y detenciones programadas. Estos reportes no fueron emitidos por la empresa durante dos años.

2.- Deficiencias en el Sistema de Monitoreo de Emisiones (CEMS):  El sistema de monitoreo continuo de emisiones presentó fallas en su certificación y mantenimiento. También presentó datos inconsistentes e inválidos que impidieron un adecuado control ambiental. En la inspección de 2016 y 2017, la SMA detectó la presencia de registros inválidos, datos en blanco y valores negativos en horas de funcionamiento de la planta.

3.- Excedencia en los Límites de Emisión: Se registraron superaciones en las emisiones permitidas de Material Particulado (MP) y Óxidos de Nitrógeno (NOx). En 2017, la UGE Lautaro 2 excedió el límite de NOx durante 2.282 horas.

El no reporte del monitoreo de emisiones es una falta grave porque impide que los organismos reguladores, como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), puedan evaluar si una empresa cumple con los límites de contaminación establecidos. Sin datos de monitoreo, no hay forma de saber si las emisiones están afectando la calidad del aire y por ende la salud de las personas.

Promesas incumplidas y daño a la salud

La empresa prometió energía limpia, y lo que entregó fue no solo contaminación sino que también ocultó la información de sus emisiones durante dos años, impidiendo que las instituciones públicas pudieran enfrentar la situación de manera oportuna protegiendo la salud de los residentes. Hablamos de la salud de las personas, un derecho humano universal. La exposición prolongada a material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx) puede causar enfermedades respiratorias crónicas, agravar condiciones como el asma y aumentar el riesgo de infecciones pulmonares en la población cercana.

Organizaciones como la OMS (Orgnización Mundial de la Salud) advierten que la exposición constante a contaminantes como material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre representa un grave riesgo para la salud, afectando especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En el sistema respiratorio, estos contaminantes pueden causar inflamación, tos y dificultad para respirar, lo que aumenta el riesgo de enfermedades como asma, bronquitis crónica y EPOC. Además, debilitan las defensas pulmonares, favoreciendo infecciones. A nivel cardiovascular, la contaminación puede inflamar los vasos sanguíneos, elevar la presión arterial y aumentar la probabilidad de hipertensión, enfermedades cardíacas e infartos. En el caso de las embarazadas y los niños, la exposición a altos niveles de contaminación incrementa el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y problemas en el desarrollo pulmonar y cognitivo. Otros efectos incluyen fatiga, dolores de cabeza y un mayor riesgo de cáncer debido a la presencia de compuestos tóxicos en las emisiones industriales.

Ubicada a solo 2,2 km del centro de Lautaro, COMASA expuso a más de 38.000 personas a contaminación constante, con posibles repercusiones a largo plazo. La experiencia de este caso demuestra que, sin un control riguroso, las actividades industriales tienen un alto costo ambiental y social. Lamentablemente ese control depende en principio de los titulares de los proyectos, que demasiadas veces no cumplen con los compromisos ambientales que adquieren con la aprobación ambiental de sus proyectos.

Institucionalidad ambiental débil para un mayor lucro industrial

Por otro lado la Superintendencia de Medio Ambiente, encargada de fiscalizar el cumplimiento de las RCA, cuenta con escaso personal (2 fiscalizadores para toda la región de La Araucanía) para fiscalizar todos los proyectos con RCA de la región, además de atender denuncias por ruidos, extracciones ilegales de áridos, actividades industriales sin permiso, evasión del sistema de evaluación ambiental, fraccionamiento de proyectos, etc.

Si la capacidad del Estado para fiscalizar ya es muy reducida dado el bajo personal y presupuesto que tiene la SMA, simplificar y acortar los procesos de evaluación ambiental tendrá como consecuencia evaluaciones superficiales y proyectos contaminantes aprobados que no podrán ser fiscalizados con la frecuencia y dedicación necesarias para impedir que afecten negativamente la salud de las personas y del ambiente. La agenda de “permisología” promovida por el gran empresariado y secundada por el gobierno, se traduce en estos momentos en el Proyecto de Ley de Modificación del Sistema de Evaluación Ambiental, y el Proyecto de Ley de Modificación de Leyes Sectoriales. Este último, por ejemplo, permitiría que las empresas comiencen la ejecución de sus proyectos sin haber completado la evaluación ambiental y solo firmando una declaración jurada.

La agenda pro-inversión y anti-evaluación ambiental de la “permisología” intenta desacreditar la función pública del Estado y los funcionarios y funcionarias que intentan, con muy poco presupuesto, hacer cumplir las leyes ambientales que las empresas evaden permanentemente.

La aprobación de ambos proyectos de ley, significaría generar condiciones más favorables para el incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por las empresas. Para proteger la salud de la población, lo mejor es respetar el principio preventivo y evitar los daños en lugar de intentar repararlos una vez provocados. Esto es sobre todo relevante para el caso de proyectos con emisiones tóxicas para la salud de las personas como las dioxinas, furanos y metales pesados. Por eso, es fundamental que el Congreso rechace ambos proyectos de ley, y que se proteja la salud de las personas, comunidades y territorios, en lugar de las empresas. En Chile ya tenemos suficientes inversiones sucias. Ahora lo que necesitamos, son inversiones y empresarios que busquen no solo su propio beneficio económico, sino que el beneficio de todos los sectores de la sociedad, en especial las niñas, niños y ancianos que son quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de la contaminación ambiental.

*Basado en el Informe: “Sanción de la SMA a COMASA y sus Implicaciones para la salud local.” de Diego Padilla Soto, febrero 2025.  Disponible en https://www.radaraucania.org/wp-content/uploads/2025/03/Sancion-de-la-SMA-a-COMASA-y-sus-Implicaciones-para-la-salud-local.pdf