A raíz de la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Mandatario, en cadena nacional e hiperventilado y muy molesto, buscó bajarle el perfil a la denuncia diciendo que esto ya había sido investigado.

«Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país», aseverando además que, “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.

El problema de esta defensa es que el nuevo antecedente radica en que la última cuota (dividida en 3 partes) “no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto” y esto dependía exclusivamente de las decisiones del presidente Piñera. ¿Las ganancias? Sobre el 1000% en 18 meses. Todo esto a la vuelta de la esquina de las presidenciales, y que sin duda, afectan al conglomerado oficialista, pero no sólo eso: la acusación constitucional está a la vuelta de la esquina.

El domingo 3 de octubre fue un día que el presidente Sebastián Piñera nunca podrá olvidar ya que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) destapó los llamados “Pandora Papers”, una investigación que reveló que autoridades mundiales, artistas, y cientos de celebridades ocultaban sus fortunas a través de paraísos fiscales.

Los antecedentes

Para el Mandatario, en activo, fue un golpe duro. La revelación hecha por Ciper Chile y LaBot, se relaciona directamente por el polémico proyecto Dominga, y el antecedente nuevo es este: “originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses”.

Recordar que el proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental, liderado por los seremis y el delegado presidencial, este último votó en contra y a fines de septiembre el Gobierno le pidió la renuncia.

La defensa del Presidente

Pese al comunicado que el Gobierno emitió el mismo día y que intentó resguardar al Mandatario, éste tuvo que salir a dar explicaciones el lunes.

Ahí, Piñera, molesto, y en ocasiones hiperventilado, dijo que, “quiero afirmar en forma clara y categórica: desde el mes de abril del 2009, desde hace 12 años me desligué totalmente de la administración de las empresas familiares», añadiendo que, «me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país».

Incluso aseveró que, “la decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga el año 2010 no me fue consultado ni informado, precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés”, indicando que la operación se cumplió “estrictamente con las reglas tributarias en Chile” y “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”. “¿Cómo puede haber conflicto de interés por alguna participación que ocurrió hace más de 10 años y terminó hace más de diez años?”, asegurando que, “la estructura de venta y cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación el 2017 y sí fueron conocidas e investigadas por la Fiscalía que decretó no persistir con la investigación porque estaba de acuerdo con la ley”.

Reacciones

Pese a esta defensa, el mundo político, entre el cuarto retiro de los fondos de las AFP y las elecciones a la vuelta de la esquina, la oposición se fue en picada contra Piñera por los nuevos antecedentes revelados por el ICIJ.

En primer lugar, los presidenciales partiendo por Yasna Provoste, quien sostuvo que, “Chile demanda completa transparencia. Es inconcebible que un presidente de la República actúe en beneficio propio frenando la protección ambiental en La Higuera, por asegurar un ingreso personal» en Twitter.

Mientras que Gabriel Boric el presidenciable de Apruebo Dignidad indicó que, “acá lo que ha quedado en evidencia es que hay información nueva que fue ocultada, que hubo una compraventa en un paraíso fiscal y los paraísos fiscales son, evidentemente, para evadir impuestos. Entonces, además con una condición suspensiva que establecía que la tercera cuota del pago se iba a realizar sólo si no había cambios en la legislación medioambiental que inhibieran o dificultaran el avance del proyecto”, añadiendo, “además de privilegiar su interés personal, además de evadir impuestos, está destruyendo un patrimonio que no solamente es de los chilenos y chilenas, sino que de toda la humanidad, y eso, nosotros por lo menos, no lo vamos a permitir”, indicó a La Tercera.

Por el lado de Eduardo Artés, pidió la renuncia de Piñera, mientras que ME-O, indicó que, “hoy se vuelve a confirmar que el presidente de Chile es presidente de sus negocios. Sebastián Piñera nuevamente ha fallado. Le ha fallado a su pueblo, no ha sido transparente”.

Desde la vereda oficialista, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, “aquí hay una institucionalidad que tiene que funcionar, están los tribunales, los tribunales civiles, los tribunales medioambientales, la Fiscalía tiene que tener un rol, y si el Parlamento quiere investigar también está en su justo derecho a hacerlo, pero que se haga por etapas”.

Sin embargo, el más tibio fue Sebastián Sichel quien desde su twitter indicó que, “Respecto a Pandora Papers, la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”.

Cuando Piñera negaba los Offshores

Hace 6 años atrás, Piñera cuando dejó de ser presidente y aspiraba a un segundo mandato, tuvo una reunión en 2016, junto a otro actual mandatario salpicado por los Pandora Papers, como el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Ahí Piñera tuvo su opinión respecto a los paraísos fiscales, y fue tajante. “Creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral como el lavado de dinero u ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o crimen organizado y muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Por tanto yo creo que debieran desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales y evasión de impuestos”.

Acusación ¿será?

El anuncio de una acusación constitucional por parte de la bancada de la oposición despertó las alarmas en el Gobierno ya que tendría los votos DC para comenzar a realizarla, pero se haría efectiva en noviembre.

Aunque hasta ahora hay sólo conversaciones respecto al tema, porque se ha indicado transversalmente que esto “se debe investigar”. “Si permitimos que el presidente siga humillando al país, sin ejercer nuestro rol, nos convertimos en cómplices”, indicó el diputado Gonzalo Winter (CS) “Los hechos denunciados son muy graves y ya lindan con el cohecho, son escandalosos”, indicó.

Sin embargo, para Piñera, una acusación constitucional en su contra, “no tiene ningún fundamento” añadiendo que, “entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos en cargos públicos tenemos que actuar con responsabilidad”. Un capítulo que, aún no cierra; las elecciones a la vuelta de la esquina, están cada vez más cerca y sin duda que al conglomerado oficialista, afecta, y mucho.