Escribe: Claudia Rodríguez, Directora y fundadora de No Chat

A principios de noviembre celebramos la noticia de que una de las iniciativas más esperadas por las organizaciones de la sociedad civiles, el proyecto que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), pasaba a tener “suma urgencia” en el Senado. Con esto -se suponía- la moción debía entrar a discusión en pocas semanas.

En un contexto de creciente violencia vial, con registros de ciclistas y peatones muertos prácticamente todas las semanas, este anuncio alimentó la esperanza de que el Proyecto CATI por fin sería ley, obligando a los conductores de vehículos motorizados a disminuir y respetar la velocidad máxima para no ser multados. Lamentablemente este anuncio terminó solamente en una vacía puesta en escena mediática.

El Congreso Nacional entró a un nuevo receso legislativo que se extenderá durante todo el mes de febrero y la aprobación de CATI nunca se concretó, pese a las alarmantes cifras de siniestralidad que registró el país durante 2020.

Revisemos. En Chile, el año pasado fallecieron 518 personas en casos asociados a exceso de velocidad, un 35% más que en 2019. Además, la velocidad imprudente con pérdida de control del vehículo fue la principal causa de siniestros fatales con un 29% de los casos, seguido por la imprudencia del conductor (24%), la imprudencia del peatón (23%) y alcohol en el conductor (10%), según los datos oficiales entregados por la Conaset.

Es preocupante constatar que nuestros parlamentarios aún no abordan esta problemática desde una perspectiva de salud pública, que debe ser atendida con urgencia. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque no es la primera vez que sucede. La Ley No Chat, que busca aumentar las sanciones para quienes conducen vehículos motorizados y manipulan dispositivos electrónicos, duerme en el Senado 18 meses.

Desde la sociedad civil podemos informar, aportar, viralizar, realizar estudios y esquematizar toda la información que disponemos para intentar disminuir la violencia vial en el país, pero si nuestras autoridades no tienen la voluntad política de generar cambios y promover normas que permitan modificar conductas, no podemos avanzar. Pondremos todos nuestros esfuerzos a partir de marzo para que los parlamentarios en ejercicio no vuelvan a meter al congelador estos proyectos. La sociedad exige cambios y desde las organizaciones civiles no permitiremos dilaciones.