Por André Laroze, PhD en Recursos Forestales, Secretario Ejecutivo de CERTFOR.

El Subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, comunicó recientemente la nueva Política de Compras Públicas con Criterios Ambientales, como un hito de la gestión del gobierno en pro de la protección del medio ambiente. En particular, se destaca que ChileCompra favorecerá la adquisición de muebles y mobiliario de madera que tengan certificación de manejo forestal sustentable, así como papel de oficina certificado y/o reciclado (lo que se podría extender a las publicaciones impresas de las instituciones públicas). Esta es ciertamente una buena noticia porque:

La certificación forestal es un mecanismo que garantiza a los consumidores que determinados productos provienen de bosques cuyo manejo cumple altos requisitos de cuidado ambiental en las operaciones productivas y tiene una relación responsable con el entorno social. De esta manera, quienes prefieren productos certificados contribuyen al desarrollo sustentable de la actividad forestal en el país. En Chile se puede reconocer, por ejemplo, el sello PEFC en muebles, empaques, folletería, revistas, textos y útiles escolares, por nombrar algunos.

La certificación funciona como una norma de gestión: las empresas que deciden obtenerla contraen un compromiso de manejo sustentable de los recursos forestales, que se expresa como factor de diferenciación en el mercado. De esta manera, mejoran su integración con cadenas de suministro internacionales y con clientes nacionales que buscan demostrar su interés por el medioambiente, a lo que ahora se agrega la demanda que generan las compras públicas.

Para obtener la certificación, las empresas deben cumplir los requisitos ambientales, sociales y económicos definidos en un Estándar de Manejo Forestal Sustentable, como el del sistema chileno CERTFOR (miembro de PEFC Internacional) y someterse a un proceso de auditoría. Es determinante para la confiabilidad y transparencia del sistema, que el cumplimiento se verifique mediante auditorías externas realizadas por organismos certificadores de tercera parte, con competencias acreditadas ante el Instituto Nacional de Normalización (INN), porque es el organismo certificador quien en forma independiente otorga, suspende o retira el certificado.

Como resultado entonces de la nueva política, las compras públicas darán mayor alcance a los efectos positivos de la certificación forestal: conservación del bosque nativo y áreas de alto valor ecológico, acciones para mantener la productividad de los suelos, la protección de las cuencas y la calidad del agua, cumplimiento de los contratos y las condiciones de seguridad en el trabajo, actividades de capacitación y educación, cooperación en proyectos de desarrollo local, resguardo de los sitios de especial interés para las comunidades y la gestión de los reclamos de tierra, entre otros.

Considerando lo señalado anteriormente, sería muy positivo que las empresas distribuidoras de productos forestales se sumen a esta iniciativa. En Chile existe oferta suficiente de madera proveniente de bosques manejados sustentablemente y proveedores que aplican procedimientos de cadena de custodia para dar trazabilidad a la madera desde su origen hasta el consumidor final. Por consiguiente, los distribuidores podrían ejercer un rol clave para que sus cadenas de suministro entreguen productos forestales con mayor valor ambiental y social. Con su acción, también ayudarían a reducir el comercio de madera ilegal.