Un respaldo total de los ministros de Agricultura Carlos Furche y Energía Máximo Pacheco recibió durante la última sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la actual reforma al Código de Aguas.  Se espera que este martes, luego de la exposición de Dirección de Presupuestos, los legisladores voten los artículos 2º y 5º transitorios de la ley para poder, definitivamente, ser votada por el pleno de la Cámara Baja y seguir así su tramitación en el Senado.  Hasta ahora el debate de más de dos meses ha sido si la Comisión de Hacienda, cuya atribución es votar solo los artículos que implican gasto fiscal, puede abrirse a modificar otros aspectos fundamentales, postura que ha sido impulsada por legisladores de Chile Vamos.

“Desde el punto de vista del ministerio de Agricultura, el proyecto da respuesta a algunos de los problemas que enfrenta hoy día la situación de los recursos hídricos en nuestro país, ya que es evidente que el código vigente fue concebido y puesto en vigencia en una situación completamente distinta a la que tenemos hoy, tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos como de la competencia que existe sobre esos mismos recursos” expresó en la ocasión el ministro Furche.

En concreto, dijo, “hay menos recursos hídricos que hace tres décadas atrás y hay mucha más competencia sobre ellos, tanto por la expansión del sector agrícola como por las mayores exigencias que devienen desde el sector minero, naturalmente desde el consumo humano y también, aunque no son los mismos derechos de agua, desde el sector energía”.

En este sentido destacó como positivo que la iniciativa establezca prioridad de uso para el consumo humano, que se determine un caudal ecológico mínimo aplicable a los derechos entregados a partir de 2005 (cuando se aprobó la nueva ley), que contemple medidas para desestimular la especulación con los derechos de agua y que sean concesiones con un máximo de 30 años, ya que “no hay ningún proyecto de desarrollo agrícola que necesite un periodo de mayor plazo para poder garantizar su rentabilidad”, puntualizó.

Aprovechó la ocasión para refutar con fuerza los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, quien calificó la reforma de expropiatoria.  “Quiero decir, con toda claridad y tajantemente, que no hay nada que haga suponer que sean necesarias compensaciones del orden de las que se han señalado recientemente a través de los medios de comunicación, a modo de compensar eventuales expropiaciones.  Este proyecto no contempla ninguna disposición que pueda ser señalada o acusada como potencialmente expropiatoria” fue su respuesta.

Lo propio hizo Pacheco.  Alineado con la postura de su par de Agricultura, el titular de Energía señaló que esta reforma incluso incentivaría la inversión toda vez que “nos parece importante que tengamos una legislación que nos proteja de aquellas personas que tienen los derechos, no los usan y no dejan que otros los usen, y por tanto tenemos que tener un mecanismo mediante el cual ese derecho se pierda después de un período.  Esa es una legislación, como está propuesta, pro inversión, pro competencia y pro energía limpia”, particularmente, dijo, por su fomento a la minihidroelectricidad.  Para el secretario de Estado los temores de los sectores productivos son infundados porque “tenemos la completa convicción de la necesidad y la oportunidad del cambio legal propuesto.  La prioridad está clara y es compartida, y eso es el aseguramiento del agua para el consumo humano”, al recuperar la figura del agua como un bien nacional de uso público.

Visión de Fenapru

La sesión, realizada el martes 4 de octubre, contó también con la presencia de la presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru), Gloria Alvarado, quien hizo un análisis de los avances y riesgos que involucra la reforma en términos del derecho humano al agua.

“Si bien es cierto hay muchos aspectos de la ley que nos favorecen como servicios de agua potable rural, hay algunos que nos preocupan” indicó.

Para la organización la reforma al código tiene un componente positivo porque entrega atribuciones al Estado para constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas y así asegurar los usos prioritarios, porque  exime del pago de patentes por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural, comunidades indígenas y campesinos, y porque  permite la autorización transitoria a un comité o cooperativa de agua potable rural para utilizar, durante un año, hasta 12 litros por segundo mientras se tramita  su regularización.

Asimismo, destacó las facilidades a los comités para hacer uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, las que se podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio de la organización, de alguno de los integrantes de ella, o en terrenos del Estado, a través de una decisión presidencial.  Asimismo, relevó la nueva atribución gubernamental para reservar agua, incluso aunque no haya disponibilidad, para la subsistencia o para fines de preservación ecosistémica.

Cuestionó, eso sí, que se mantenga la figura del remate de derechos en circunstancias que al caducar, extinguirse o ser devueltos debieran volver y mantenerse en manos del Estado.  Señaló, además, que la integridad agua/tierra que se reconoce a territorios indígenas debiera también incluirse para las zonas donde existen comités de agua potable rural, y que las aguas reservadas debieran considerar como beneficiarias las asociaciones de agua potable rural y a los futuros servicios de agua potable rural sin fines de lucro.

Por último, el actual director general de Aguas (DGA) Carlos Estévez se refirió a los dichos de su antecesor en el cargo Matías Desmadryl, quien había manifestado que existen unos 240 mil derechos de agua por regularizar (lo cual sería una empresa que implicaría un gran esfuerzo administrativo y económico para el Estado) de un total de 350 mil constituidos, basado supuestamente en información del Banco Mundial. “Yo quiero decir que esta información la entregó la DGA en 2011, cuando el director era Matías Desmadryl. Nosotros no tenemos ningún estudio que diga eso, le hemos preguntado al Banco Mundial si existe ese estudio. Todos los estudios de la DGA están en la página web, no lo conocemos. Si existe solicito que nos lo hagan llegar a esta comisión” fue el emplazamiento de Estévez al ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, aclarando que los derechos por regularizar se calculan en unos 50 mil.

Este martes 11 de octubre será un día fundamental para la reforma, al programarse la votación definitiva de los artículos 2º y 5º luego de lo cual corresponderá su votación en el hemiciclo.

En el pleno de la Cámara uno de los objetivos será votar la aplicación general del caudal ecológico para la recuperación de las cuencas degradadas o amenazadas, y el aseguramiento de la provisión de agua actual y futura para consumo humano, preservación de ecosistemas y la subsistencia de pequeños productores agrícolas.