Después de dos años de pandemia por el COVID-19, la Matrícula en la Educación Superior en Chile vuelve a estabilizarse, retomando la tendencia previa al año 2020. Así lo demuestra el reciente informe del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de la Subsecretaría de Educación Superior.  

En el estudio se consigna que en 2022 la matrícula total en Chile alcanza a 1.301.925 estudiantes, considerando programas de Pregrado, Posgrado y Postítulo, lo que implica un incremento de 0,6% respecto de 2021. El mayor aumento se da en Posgrado (2,5%), ya que en el Pregrado el alza es solo de 0,6% y en Postítulo cae -4,1%.  

En el caso de La Araucanía, la cifra detallada indica que a la fecha son 60.748 estudiantes, 34.998 son mujeres y 25.750 hombres. No obstante, se reporta una baja de 1.6% en la matrícula respecto del año 2021, cuando 61.761 estudiantes cursaban estudios superiores.  

La Seremi de Educación, María Isabel Mariñanco destacó que respecto de la formación en pregrado en la región se registra un 34% de los estudiantes en la educación técnica, porcentaje que aumenta al analizar sólo la matrícula de primer año, donde  en CFT hay 3.347 estudiantes, en IP 3.406, lo que se traduce en un 47% respecto del total de la matricula en educación superior, pues en las universidades el ingreso 2022 es de 7.389 estudiantes. 

Este año, el SIES incorpora por primera vez en su informe el número de estudiantes en situación de discapacidad que forman parte del sistema de educación superior chileno. Así, vemos que actualmente las personas que presentan alguna discapacidad en la región son 427, lo que representa el 0,6% de la matrícula total de la educación terciaria. A nivel país, la mayor parte está en universidades (3.620) e IP (3.037), representando el 45,5% y 38,2% respectivamente. Los CFT, en cambio, solo tienen 1.294 estudiantes con esta condición, lo que representa el 16,3% de la matrícula de estudiantes que presentan discapacidad. 

Al respecto, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, plantea que “este es un avance sustantivo en el reconocimiento y visibilización de la diversidad que caracteriza a las y los estudiantes que acceden a la educación superior, y que nos permite tomar mejores decisiones en torno a políticas de acceso y también de retención, para favorecer trayectorias formativas con pertinencia. Esto es parte de nuestros compromisos de Gobierno”.