Publicado por: Claudio Nuñez | sábado 9 de noviembre de 2024 | Publicado a las: 21:53
Por: Carlos Guajardo, Académico Facultad de Educación UCentral
Hace algunos días atrás, una treintena de estudiantes de uno de los colegios emblemáticos de Santiago, resultaron heridos a causa de la explosión de un artefacto incendiario al interior del propio establecimiento. En cuanto la noticia se supo, se hicieron presentes autoridades de gobierno y del municipio con tal de evaluar las características de un hecho que actualmente se encuentra en manos de la fiscalía.
¿Es posible que un colegio exista elementos explosivos que atenten con la integridad física de quienes integran la comunidad escolar y su directora catalogue como de un hecho aislado lo ocurrido?, hablamos de un lugar donde a diario transitan estudiantes, docentes, apoderados y personal administrativo. Al respecto, ¿es de conocimiento de la comunidad escolar la existencia de un reglamento de convivencia que regule los derechos y deberes de cada uno de sus integrantes?
Los establecimientos podrán contar con protocolos de actuación que ayuden con la prevención en situaciones como: seguridad, educación sexual, orden e higiene, salud mental, porte y uso de armas, atentado o tiroteo, entre otros que son de autonomía del colegio y diseñados por especialistas que pertenecen al espacio escolar.
No se trata de la existencia de un sistema 100% protocolizado, sino que, contar con las herramientas preventivas fundamentales para la actuación en hechos que no siempre tienen una connotación de aislados.
Me resulta entristecedor que la educación pública en Chile haya llegado a estos extremos, nos acostumbramos a que tienen que ocurrir noticias de violencia en las escuelas para que se hable de educación. Es imperativo que las autoridades comiencen a ser conscientes que por más que existan reglamentos de convivencia o un sinnúmero de protocolos de prevención, aún hace falta un mayor grado de intervención que vaya más allá del castigo o la suspensión de una matrícula.
Se debe actuar sistémicamente con profesionales que no se remitan a una mera charla que evite la violencia escolar, por muy cliché que suene para algunos, escuchar a los estudiantes y docentes e invitar a que los apoderados se conviertan en protagonistas de la formación que están recibiendo sus hijos e hijas en la escuela. Manuales y guías de prevención ya hay bastantes; ya es tiempo de hacerse garantes del derecho y la calidad de la educación en nuestros niños y jóvenes del país.