El Seremi de Energía, Erwin Gudenschwager y profesionales del Ministerio realizaron el taller ciudadano de actualización de la Política Energética de largo plazo que busca, a través de la participación y el diálogo, integrar diferentes miradas para construir una visión común sobre la energía en Chile, teniendo como foco permanente la mejora en la calidad de vida de las personas.

En la actividad, que se replicará en 19 ciudades del país, participaron más de 50 representantes de instituciones públicas, municipios, organizaciones sociales de base, ONG, empresas, gremios, consultoras y academia, entre otros.

“Estamos para escuchar. Estamos en días en que todas las autoridades debemos estar atentos a escuchar a la ciudadanía, oír sus preocupaciones y sueños y sus visiones de futuro. Estamos en la mitad del proceso de actualizar nuestra política energética, que es una visión país común de lo que queremos hacer en el sector de la energía hacia el futuro, y no queremos hacerlo entre cuatro paredes en el ministerio sino junto a la gente. Por eso estamos saliendo a todas las regiones a preguntar y oír con humildad lo que nos quieren decir” señaló Erwin Gudenschwager, tras participar en el encuentro.

La autoridad destacó el “enorme potencial en energías renovables del país”, y la pregunta es cómo juntos podemos desarrollar ese potencial, tener una matriz más limpia y energía más barata. Cómo avanzamos en darles acceso a la electricidad a todas las familias del país, que es una necesidad tan básica”.

En esa línea la autoridad destacó la ley de estabilización de los precios de las tarifas eléctricas, impulsada por el Gobierno, que mantendrá congeladas dichas tarifas hasta diciembre del 2020; así como el proyecto de “ley corta” de reforma a la distribución que busca, entre otras cosas, reducir la rentabilidad de las distribuidoras que representan el 20% del total de la cuenta de electricidad.

Actualización Política Energética

Desde 2015, Chile cuenta con una Política Energética de Largo Plazo, construida sobre la base de avances anteriores, sobre consensos de variados actores logrados mediante el diálogo, el respeto y la evidencia técnica.

Este documento fue aprobado mediante decreto supremo firmado por Presidencia y por los diferentes ministerios relacionados, el cual contempló actualizaciones cada cinco años.