Se ha instalado en la opinión pública de la Araucanía que existen muchas dificultades para las inversiones, y que una de ellas sería la actitud de las comunidades indígenas en los diversos territorios; y cada cierto tiempo surgen voces de organizaciones gremiales que, con cierta cuota de irresponsabilidad, plantean esta tesis plena de prejuicios y de subjetividad.

Es verdad que tenemos un problema en nuestra región, de convivencia entre los distintos grupos sociales, producto de la historia y del conflicto centenario que no hemos podido solucionar. Ese es un clima que mina las confianzas; y que nos interpela, a los actores públicos y privados, a buscar un camino que nos permita superar esas dificultades. A ello se agregan los problemas de seguridad, y que están presentes también en todo el país.

Pero en el tema específico de las inversiones, conviene que le demos una vuelta al tema, porque ellas, las comunidades mapuche, tienen su propia historia y lógica.

Veamos. Si miramos la historia, esta es desoladora y dolorosa para el mundo mapuche.  Traigamos simplemente la historia de la construcción de lo que fue el aeropuerto de Maquehue, por allá por la década de los 30, donde a las comunidades allí establecidas desde tiempos que se pierden en la memoria, las sacaron. Las arrearon como animales y las trasladaron hasta la zona cordillerana de Melipeuco, donde hoy uno se encuentra con alguno de sus descendientes. Por supuesto, esta forma de proceder del Estado chileno no se olvida, y está presente en la memoria colectiva.

Otro caso fue la instalación, por parte de Endesa, de las líneas de transmisión que pasaron por el sector de Metrenco y Quepe, allá por la década de los 40; ingresaron a las comunidades imponiendo las   servidumbres legales e instalando las torres de alta tensión, simplemente por la fuerza del Estado.

En ninguno de estos casos hubo indemnización alguna, hasta el día de hoy.

¿Qué creen ustedes que pueden pensar comunidades de seres humanos que son tratados de esa manera?

No les pido que sean historiadores, ni teólogos; simplemente apliquemos el sentido común.

Veamos ahora dos ejemplos virtuosos del Chile contemporáneo.

La construcción del baipás de Temuco. Eran mis tiempos de diputado, y en esa condición me coloqué al lado de las comunidades. Dialogamos, conversamos y negociamos con el entonces ministro de Obras Públicas don Ricardo Lagos, en un plano de respeto, no exento de desconfianzas y de reuniones duras, pero después de un proceso llevado con altura de miras y resguardando los intereses de todos –bajo la premisa de que el desarrollo no puede ser a costa de unos pocos, sino que con este tipo de obras todos tienen que ganar– esto tuvo un final feliz satisfactorio para todas las partes. Ahí está ahora, en el año 2024, el baipás en pleno funcionamiento; y con la paz social correspondiente, donde las comunidades sintieron que se les respetó y se les compensó debidamente por la pérdida de sus tierras, en beneficio del desarrollo de la región y en específico de la ciudad de Temuco.

El otro caso fue la construcción del nuevo aeropuerto de la Araucanía, enclavado en la comuna de Freire. Eran mis tiempos en que fui Intendente de la región. En esa oportunidad instalamos una mesa de negociación, con las comunidades afectadas y los organismos del Estado respectivos, instancia en qué designé –para presidirla– al actual delegado presidencial José Montalva, que en ese entonces oficiaba de gobernador provincial.

Fue un proceso que, con todas las complejidades, permitió que hoy día tengamos uno de los aeropuertos más modernos de Chile.

El método fue el diálogo, el respeto, las compensaciones; bajo la premisa de que las comunidades no pueden pagar el costo del desarrollo que sirve al resto de la región y del país, y de que cuando unos ganan, deben ganar todos. Ese proceso no está totalmente cerrado, y lo pendiente debe ser conversado.

Ahora mismo se está desarrollando un nuevo proceso en el sector Quepe – Metrenco y aeropuerto, donde el Estado pretende instalar nuevas líneas de transmisión. Para ello hizo la licitación correspondiente, que está a cargo de una empresa privada, y donde nuevamente han surgido las complicaciones con las comunidades afectadas. Yo, como senador de la región, no veo una voluntad, una iniciativa ni un proceso serio y constante para resolver las dificultades que allí están presentes.

Naturalmente que no es posible hacer esta construcción mientras no se involucre a los afectados, o si se pretende desconocerlos e invisibilizarlos, como si no se hubiese aprendido de las experiencias vividas en esos mismos territorios. La empresa y el Estado, por medio de sus autoridades y de los distintos organismos involucrados, tienen la palabra. Pero la forma de actuar del pasado, hoy día no tiene ninguna posibilidad de ser repetida.

En resumen, las comunidades no se oponen a las inversiones para el desarrollo, pero exigen ser respetadas y debidamente compensadas, como corresponde a una economía de mercado.

                                                                                                                                                Francisco Huenchumilla Jaramillo

                                                                                                                                                                          Senador