“En nuestro rol de actores cercanos y necesarios para el desarrollo de los proyectos, hemos promovido tecnologías y soluciones para resolver esta brecha con premura. Esto ha dado pie a soluciones y diseños no solo innovadores, sino también económicamente viables”.

Escribe: Ian Watt, presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE).

La Comisión de Vivienda del Senado rechazó el Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, indicando que la definición de la gestión territorial por parte del Estado será un tema central por tratar en la Convención Constituyente. Esperar hasta las resoluciones que se adopten en dicha convención es poner el freno de mano a un tema que como ingenieros estructurales, nos preocupa y afecta directamente: la demanda de vivienda.

Pensemos en que el déficit habitacional supera las 500 mil viviendas, según el Censo de 2017 y soñemos con la vivienda social integrada que, necesariamente, requerirá de edificación de calidad y en altura. En nuestro rol de actores cercanos y necesarios para el desarrollo de los proyectos, hemos promovido tecnologías y soluciones para resolver esta brecha con premura. Esto ha dado pie a soluciones y diseños no solo innovadores, sino también económicamente viables. Por eso, nos sentimos llamados a pedir que se reconsidere esta decisión en la votación de la Sala del Senado y que apruebe, en general, el proyecto de ley.

Por un tema de tiempo, creemos que debemos aprovechar los mecanismos vigentes, para discutir en el actual Congreso temas sobre los que existen legítimas discrepancias y que son prioritarios para miles de chilenos y chilenas.

Diseñar viviendas sociales siempre ha sido motivo de desafío y orgullo para nosotros, ya que debemos lograr, con el mínimo uso de materiales, el mejor desempeño posible ante un terremoto. También es cierto, que todo compatriota merece sentirse seguro y tranquilo en su casa ante un evento de la naturaleza y es un orgullo para nosotros constatar que tras los últimos movimientos telúricos dichas estructuras cumplieron con los estándares que les fueron exigidos, como bien lo demostraron.

Actualmente, hay más de 10 mil familias que han solicitado el cambio de uso de suelo para un sector específico, con el fin de iniciar la construcción de viviendas sociales. Esta ley podría reducir sus tiempos de espera de dos años a nueve meses. Al postergar la discusión, a la espera de que el tema sea resuelto por la Convención Constituyente estaremos postergando dichas soluciones en más de cuatro años.

Todo proyecto de ley es perfectible y esperamos que, en este caso, se realice un balance adecuado entre la flexibilidad normativa que facilita el desarrollo inmobiliario y los mecanismos efectivos y vinculantes de participación ciudadana, de manera de proteger a los vecinos y barrios patrimoniales.

Problemas urgentes necesitan y merecen respuestas rápidas. Esperar más tiempo por la solución ideal, terminará perjudicando, como siempre, a quienes son los más afectados, los mismos que han sido postergados por toda una vida.