Escriben: JOSÉ MIGUEL STEGMEIER SCH, Presidente del Consorcio Agrícola del Sur F.G  Y  SEBASTIAN NAVEILLAN M, Asociación de Agricultores de Victoria.

Los atentados y hechos de violencia ocurridos durante estas semanas, agravados por lo ocurrido recientemente en la provincia de Arauco, en circunstancias que tropas guerrilleras atacaron a efectivos de Carabineros y de la Armada de Chile, contexto en que resultaron cinco personas heridas y una fallecida, confirman la imperiosa necesidad de mantener y extender el Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Arauco, BíoBío, Malleco y Cautín.

Es muy grave, que grupos terroristas ligados al narcotráfico y a otra serie de delitos como el robo de madera, abigeato, extorsiones y amenazas contra agricultores y trabajadores del agro, no logren ser desarticulados. Estos cruentos atentados no sólo afectan a maquinaria e infraestructura productiva, sino también la vida de civiles inocentes y uniformados. Algunos de estos grupos explícitamente han declarado la guerra a Chile, en otras palabras, declaran la guerra a todos los habitantes del país, pretendiendo con sus acciones desalojar a nuestros compatriotas y al Estado de este extenso territorio.

Resulta inconcebible que el Poder Judicial no actúe en la proporción debida respecto de los crímenes y delitos cometidos por el narcoterrorismo, más aún cuando la propia Corte Suprema ha solicitado al Ejecutivo protección para sus funcionarios. El sólo hecho de dejar en libertad a la mayor parte de los detenidos por estas deleznables acciones, la transforma en una resolución permisiva de estos delitos, comprometiendo al Juez indebidamente en una suerte de complicidad con los criminales.

Esperamos que el Estado en su conjunto sepa enfrentar debidamente esta situación, utilizando todas aquellas atribuciones legales que le corresponden, como el Estado de Excepción, que por el momento rige gracias a las atribuciones que tiene el Ejecutivo, pero que su mantención futura depende de la aprobación del Parlamento de la Republica.

Necesitamos, con la mayor urgencia y eficacia posible, restablecer el estado de derecho en la Araucanía y así conseguir que sus habitantes, puedan volver a vivir y trabajar en paz y sintiéndose seguros.