Con el fin de evaluar el cumplimiento de una serie de obligaciones que establece la la Ley de Transparencia en los Gobiernos Regionales del país, el Consejo para la Transparencia impulsó durante 2020 un proceso de fiscalización integral en los 16 Gobiernos Regionales (Gores), de manera de entregarles a los nuevos gobernadores regionales un estado general de la situación en cada una de las regiones.

A pocas semanas de un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley de Transparencia, los resultados de esta fiscalización del CPLT mostraron brechas en materia de acceso a la información que los gobiernos regionales deben poner a disposición de la ciudadanía. Estas vulneraciones se identificaron mayoritariamente en el caso de antecedentes que deben mantenerse actualizados en los sitios web de estas entidades (Transparencia Activa) y en una menor medida en relación a las respuestas que estas entidades dan a solicitudes de acceso a antecedentes que son requeridos por la ciudadanía.

El Consejo ha desarrollado un trabajo de transparencia con foco descentralizador desde hace varios años con los municipios y también se ha puesto al servicio de las nuevas autoridades a partir del Programa de Cooperación Integral que persigue asesorar a las nuevas administraciones en temáticas específicas de índole jurídica, de fiscalización, educativas y de promoción, entre otras. La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, indicó que, a partir de los resultados de esta fiscalización, “que mostraron brechas e incumplimientos” en materia de acceso a la información y de otras acciones que se quieren impulsar a nivel regional, “nos comprometemos con un apoyo integral a las y los gobernadores que asumieron sus cargos cerca de una semana atrás”.  

«Hemos evidenciado brechas en materia de acceso a la información pública. Esto, por cierto, es una cuestión que impacta en el quehacer de las y los nuevos gobernadores regionales, por lo que nos hemos puesto a su disposición para apoyarlos y acompañarlos a partir de una serie de capacitaciones que esperamos, posibiliten avanzar en estas materias y elevar estándares», comentó De la Fuente.  

Respecto a la información disponible en Transparencia Activa, los resultados de la revisión de los sitios web muestran que los 16 Gores presentan infracciones a la normativa, encontrándose las principales brechas en la incompletitud y/o desactualización de información referente a actos y resoluciones que tienen efectos sobre personas fuera de la institución (“Actos con efectos sobre terceros”): 15 Gores presentaron infracciones. 

En esta sección, se deben publicar obligatoriamente y acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, documentos de relevancia para la ciudadanía, como las postulaciones a los Fondos de Desarrollo Regional y los convenios de colaboración y transferencia de recursos.  

De igual manera, se observan infracciones en la publicación de la información sobre las normas que rigen a los Gobiernos Regionales y sus facultades así como en la descripción de su estructura orgánica y en la información sobre compras y adquisiciones.

Detectan menos incumplimientos en respuestas solicitudes de información
A partir de los datos del Portal de Transparencia y de la propia información aportada por los Gores, se revisaron 10 solicitudes por cada institución efectuadas por ciudadanos reales en el periodo comprendido entre octubre 2019 a septiembre 2020 (160 en total). Ahí se observaron respuestas fuera de plazo legal y con la no aplicación del procedimiento de derivación, en los casos en que los Gores no eran los organismos competentes para responder una solicitud. 

Respecto de la situación de la respuesta de las 160 solicitudes de acceso a la información, puede observarse que, en la gran mayoría de los casos, el organismo se pronunció accediendo a la entrega de la información (71%). En 16% de los casos se aplicaron procedimientos totales o parciales de derivación y en 7% de los casos se registraron denegaciones. En cuanto a la situación de la respuesta, en 1 de cada 4 solicitudes se observaron infracciones y/o incumplimientos a la normativa, registrándose específicamente 21 casos en que no se observaron las disposiciones de la Ley 20.285 en lo relativo al procedimiento de derecho de acceso a la información. 

“En materia de disponibilidad de información en sus sitios web, acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, los resultados mostraron infracciones en 2020 en todos los gobiernos regionales a nivel nacional. Entre las principales destacaron información desactualizada o incompleta. En cuanto a la respuesta que estas entidades dieron a solicitudes enviadas en el marco de la fiscalización, los resultados son algo mejores en los casos de los gobiernos de O’Higgins, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Sin embargo, tenemos brechas en las que debemos trabajar para favorecer la transparencia con foco descentralizador”, dijo la titular del CPLT. 

Consenso de gobernadores por transparencia proactiva 

Con estos resultados, De la Fuente destacó que las y los gobernadores regionales recién asumidos tienen también desafíos en materia de transparencia y acceso a la información, asociadas a prácticas que son previas a su llegada, y que cuentan con el apoyo del Consejo para abordarlos. “La buena noticia es que tras reunirnos hace unas semanas con quienes han asumido esta tarea, hemos podido evidenciar que existe un consenso general en torno a la idea de promover una transparencia proactiva, es decir, ir más allá de la normativa vigente y eso abre grandes oportunidades de mejora», comentó la presidenta del CPLT.