Para lo anterior se tuvo  en consideración que este último ataque incendiario da cuenta de una intensificación en el empleo de la violencia hacia la población, particularmente hacia los miembros de las comunidades religiosas que durante el último tiempo han visto destruidos sus lugares de culto y de reunión mediante ataques incendiarios.

Éste último hecho ha evidenciado que los recientes ataques incendiarios a iglesias obedecen a un plan premeditado de atentar contra una categoría de personas, como son aquellos quienes se reúnen para celebrar el culto al que pertenecen en iglesias o templos ubicados en zonas rurales de la región de La Araucanía, lo que se refrenda al haberse hallado evidencia consistente en panfletos que se encuentran vinculada con otros ataques incendiarios cometidos en contra de iglesias con anterioridad. Dicho plan premeditado se colige además al ser la libertad de culto el derecho humano que consistemente se ha visto violentado por el actuar de estos grupos organizados, lo que aumenta justificadamente el temor de la población de ser víctimas de delitos de la misma especie.

Finalmente, abona a la aplicación de esta legislación especial, la circunstancia de encontrarse en actual desarrollo la celebración de un culto, con personas, incluso niños, al interior del templo al momento de producirse el ataque incendiario, lo que no disuadió ni impidió que los delincuentes llevaran a cabo su propósito delictual con indiferencia y desprecio por la vida, seguridad e integridad física de los feligreses.