Con el proyecto “MINVU Araucanía se cuadra con la inclusión” se presentó el equipo de regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al concurso Funciona de la Dirección Nacional Servicio Civil, quedando así, dentro de los 10 finalistas en la categoría Servicios Públicos, convirtiéndose en el único organismo del Estado que representa a nuestra región.

Este año postularon 191 iniciativas de 53 servicios públicos y de 30 municipios de todo el país. La selección de las propuestas finalistas se efectuó en el presente mes y la premiación, será en abril.

En el caso de la iniciativo presentada por el Ministerio (Seremi-Serviu), surgió debido al poco acceso que tenían las personas en situación de discapacidad al momento de postular a los subsidios del Ministerio y se quiso profundizar en la necesidad que ellos presentaban.

Desde ahí se decidió diseñar un llamado piloto extraordinario para la región, en condiciones especiales, que recogiera todas aquellas limitantes que las propias organizaciones señalaban como las barreras que les impedían poder postular a los subsidios.

Por su parte Pablo Artigas, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, “la iniciativa busca generar la participación de las personas, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso a los subsidios habitacionales. Además, con esto se permite mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Promueve la independencia al tener una ruta accesible y aporta en las labores del cuidador y la generación de espacios adecuados y seguros. En definitiva, ayuda a mejor la dinámica familiar”.

Una de sus propulsoras, Lilian Salazar trabajadora social de la Seremi región de La Araucanía, sostuvo que, “esta es una propuesta que promueve la inclusión, porque demuestra que los equipos técnicos son capaces de innovar y de repensar el quehacer profesional en la aplicabilidad de los subsidios habitacionales, en directo beneficio de las personas que tienen discapacidad”.

Es importante destacar que este proyecto busca promover y visibilizar la importancia que tiene el Estado en facilitar y generar las condiciones para asegurar una mayor equidad en las familias en que algún integrante se encuentre en condición de discapacidad.