La Ley indígena establece en su artículo 17, que los titulares de dominio de tierras indígenas pueden constituir derechos reales de uso de determinadas porciones de su propiedad, en beneficio de sus ascendientes y descendientes por consanguinidad.

Pueden ser beneficiarios personas indígenas y familias de sectores rurales que carecen de terrenos y vivienda propia y que pretenden postular a los programas habitacionales del SERVIU en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En Temuco

En esta oportunidad se entregaron los certificados de derecho real de uso a 41 familias mapuche de la comuna de Temuco gracias a una inversión de 16 millones 400 mil pesos, quienes forman parte de las 260 familias beneficiadas en la Región de La Araucanía gracias a una inversión de 104 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Indígena.

“Hoy estamos entregando los certificados de derecho real de uso a familias de Temuco, que no tenían regularizadas sus propiedades o no tenían dominio sobre las propiedades que ocupan, lo que les impedía postular a los diversos beneficios que otorga el Estado, especialmente a viviendas. Uno de los casos más comunes es que los padres le entreguen derecho real de uso a sus hijos para que puedan construir sus casas e iniciar una nueva vida familiar”, explicó el Director Nacional de CONADI, Luis Penchuleo Morales.

Habitabilidad rural

“Esta es una coordinación entre CONADI y el Municipio de Temuco para acompañar a estas familias que gracias al certificado de derecho real de uso pueden acceder a los beneficios y subsidios que otorga el Estado, lo que se suma a un programa de habitabilidad rural que tiene la Municipalidad de Temuco, y así podemos acompañar a las familias hasta que obtienen sus viviendas”, agregó José Montalva, Alcalde (s) de Temuco.

“Hace tiempo que necesitaba este certificado para realizar trámites, para postular a un subsidio de vivienda y empezar a construir mi casita. Ahora vamos a participar en reuniones para que nos ayuden a postular y tengamos una casa con mi pareja y nuestra niñita”, dijo Alejandra Llanquinao, beneficiaria del sector Labranza.

Cabe señalar que este mecanismo subsana -por ejemplo- las propiedades indígenas que no están bien constituidas, generalmente porque son sucesiones familiares, lo que impide que los integrantes de una comunidad puedan postular a programas de vivienda, agua potable rural, entre otros.