Ya a nadie llama la atención que día a día  se anuncie la inversión de millones y millones de dólares en nuevos parques, ríos navegables, kilómetros y kilómetros de nuevas redes de metro, teleféricos, etc.,  todo lo cual  muestra la tremenda inequidad territorial del país al mismo tiempo que esconde la dramática injusticia social  que se oculta en el seno de la propia conurbación capitalina.

Las elites políticas (que operan desde el Gobierno, el Congreso Nacional, las directivas de los partidos políticos, las elites económicas y financieras (que operan desde las empresas de propiedad de una docena de grandes familias y,  más específicamente,  desde los bancos e instituciones financieras, todos los cuales se reúnen en poderosos gremios, las elites comunicacionales que controlan virtualmente la totalidad de la prensa escrita y gran parte de la televisión chilena, configuran un entramado que es de temer.

Dicha trama se asienta territorialmente en la Región Metropolitana (que se prepara para congregar muy pronto a un 45% de la población nacional) y,  más específicamente, en  cinco comunas  privilegiadas: Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea y Santiago. Desde ese epicentro de poder se actúa como un fuerte  grupo de presión y se toman las grandes decisiones que determinarán las inversiones  y, por consiguiente, el destino y el crecimiento de Chile.

La economía de mercado, por su propia naturaleza, está fatalmente destinada  a la concentración, efecto que no solo se manifiesta en el campo de la creciente acumulación de la riqueza en un grupo de privilegiados  – cosa que ya nadie se atreve ni siquiera a discutir – sino también en el plano de la radicación de la población, la instalación de nuevas actividades productivas, la ubicación de los centros de educación superior, etc.

Las consecuencias que derivan de esta realidad son evidentes. Como casi una cifra cercana a la mitad del electorado habita en  la Región Metropolitana o gira en torno a ella, se genera una presión constante para la inversión de recursos públicos en esa área.

Ya a nadie llama la atención que día a día  se anuncie la inversión de millones y millones de dólares en nuevos parques, ríos navegables, kilómetros y kilómetros de nuevas redes de metro, teleféricos, etc.,  todo lo cual  muestra la tremenda inequidad territorial del país al mismo tiempo que esconde la dramática injusticia social  que se oculta en el seno de la propia conurbación capitalina.

Desde hace casi un siglo y medio, Chile experimenta un proceso de “desarrollo local”  y “regionalización” que solo sirve para guardar las apariencias pero que jamás ha generado respuestas de fondo que quiebren la línea concentradora y posibiliten un desarrollo armónico del país.

Desde la remota “comuna autónoma” del siglo XIX, pasando por las fallidas “asambleas provinciales” del siglo XX, hasta llegar a  los Gobiernos Regionales actuales, la constante ha sido que se entreguen mínimas  atribuciones como una dádiva  sin los recursos correlativos  pues se parte de la base de que los “provincianos” aún no están preparados para gestionar su propio destino.

El caso más grotesco lo constituye la famosa Subsecretaría de Desarrollo Regional, ente centralista al cual deben peregrinar alcaldes y autoridades diversas de todo el Chile real para conmover al burócrata de turno tras recursos  que les son asignados de acuerdo a  simpatías personales o políticas.

Estos antecedentes, recogidos por el portal la ventana ciudadana, rematan con el 2020, cuando junto a las votaciones municipales, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a la nueva figura del “Gobernador Regional”, autoridad que tendrá, por supuesto, una importante  legitimidad democrática pero que  deberá coexistir con el  “Delegado Presidencial” quien  mantendrá la totalidad de las funciones y responsabilidades de gobierno interior además del mando jerárquico sobre la totalidad de las Seremis, lo que preservaría el carácter unitario de la institucionalidad política.