Por Federico Aguirre, Jefe Sede Regional La Araucanía – Instituto Nacional de Derechos Humanos

Las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que observaron y emitieron informes acerca de la situación vivida en el país, con motivo de los hechos relacionados con el 18 octubre de 2019, coinciden en a lo menos dos aspectos, respecto de los cuales debiéramos reflexionar.

El primero, es que el país experimentó, lo que ha sido calificado, como las más graves violaciones a los derechos humanos desde que Chile recuperara la democracia. Parte de la respuesta institucional, derivó en la mutilación, el asesinato, vejaciones, torturas, malos tratos, y abusos por parte de agentes del estado, encargados del control del orden público. Ello, reiteramos, fue ampliamente documentado por el INDH y otras instituciones de derechos humanos. De esta circunstancia, derivan obligaciones ineludibles que deben ser satisfechas; desde luego, aquellas relativas a la reparación integral, ante los daños ocasionados; el establecimiento de medidas de no repetición, y las garantías de acceso a la justicia, que se traduce en disponer de recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos.

A 4 años de iniciadas las causas judiciales sobre estos hechos, el panorama es desolador. En la Araucanía sólo una condena, que no se encuentra aún firme y ejecutoriada, de 163 querellas presentadas, 10 de las cuales se refieren a víctimas que sufrieron severo daño ocular. Es evidente, que estamos frente a una situación de impunidad, que eventualmente puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Un segundo aspecto, es el relativo a las causas que dieron origen, a las masivas movilizaciones sociales de las que todo el país fue testigo. En este punto, hay un consenso en cuanto a que, la ausencia de garantías en relación al acceso y goce, en condiciones de igualdad y no discriminación, de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, fueron un crisol del malestar ciudadano por demandas insatisfechas, particularmente en educación, trabajo digno, salud, vivienda, seguridad social, y reconocimiento a los pueblos originarios, que articularon el descontento ciudadano. La pregunta es si en este ámbito, ha existido algún cambio. La respuesta parece igual de desoladora.

Respecto de estos derechos humanos, existen igualmente obligaciones insoslayables, entre ellas la de reconocerlos plenamente en el ordenamiento jurídico, estableciendo mecanismos judiciales adecuados para su tutela o exigibilidad.

Podemos concluir entonces, que en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos; como la atención del Estado a las causas que subyacen al descontento social, no hay una respuesta consistente con las obligaciones que el Estado tiene.

Ello debiera ser motivo de preocupación, en tanto satisfacer adecuadamente una y otra dimensión, es condición para que no repitamos un escenario de crisis institucional que implicó violaciones graves a los derechos humanos.