«Es contradictorio que mientras el Gobierno por una parte plantea su preocupación por el orden público y la paz social, por otra se envíe un proyecto que constituye una provocación a las organizaciones indígenas», planteó el senador de La Araucanía.

Para expresarle personalmente al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que no hay desarrollo sustentable sin la participación de las comunidades locales e indígenas, y que por lo tanto critica la exclusión de estos actores en el proyecto de biodiversidad del Ejecutivo, el senador de la Región de La Araucanía, Eugenio Tuma, lideró la reunión con el secretario de Estado.

En la cita expresó que esta situación vulnera los derechos fundamentales y convenios internacionales sobre consulta previa y biodiversidad, marcando un retroceso en esta materia”, apuntó el senador PPD, quien dijo que “lo más fácil es criminalizar el conflicto y centrar el problema en el orden público, pero aquí estamos frente a un problema político de ejercicios de derechos y esta falta de coordinación del Gobierno no ayudan en nada para avanzar en su resolución, aseguró Tuma Zedán.

«La visión de conservación implícita en el proyecto excluye a los pueblos y comunidades indígenas y locales, a los gobiernos regionales y las municipalidades. Tiene una marcada visión centralista y la participación se reduce a una expresión declarativa sin ningún desarrollo o expresión en la institucionalidad. Por lo tanto en esta iniciativa las comunidades están excluidas de la creación y gestión de las áreas protegidas, los planes de manejos, las concesiones, los reglamentos y su gestión», criticó el parlamentario».

También participaron en el encuentro, el senador de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, Ana Llao, consejera nacional de la CONADI y el prestigioso académico, Salvador Millaleo, quienes aseguraron que es clave cambiar el rumbo a la iniciativa e incluir consulta a las comunidades.

Además, el senador Eugenio Tuma aseveró que la visión del proyecto contrasta con el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, suscrito y ratificado por Chile que reconoce “la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de los conocimientos tradicionales y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica», explicó el representante.

«La consulta previa a los pueblos indígenas es un deber inexcusable para este proyecto de ley, pues gran parte de las áreas protegidas se han localizado en tierras y territorios indígenas y la ley indígena establece la inclusión de las comunidades y el Convenio Nº 169 obliga al Estado de Chile a realizar consulta cuando existen medidas que sean susceptibles de afectarlos directamente» aseguró el parlamentario de La Araucanía.

En este sentido, el ministro Badenier se mostró muy llano a las indicaciones y fundamentos de los parlamentarios y dirigentes presentes en la reunión. “Estudiaremos seriamente cada una de las observaciones, así como también estaremos abiertos a una comunicación fluida con las comunidades para que la Ley de Biodiversidad sea inclusiva, sobre todo con las comunidades”, apuntó el secretario de Estado.

Indicaciones

El senador Tuma presentó sus indicaciones al proyecto, tal como lo realizó la semana pasada en una asamblea ciudadana a representantes de organizaciones de La Araucanía, como el Observatorio Ciudadano, asociaciones vecinales de la zona lacustre y dirigentes mapuches del sector cordillerano de la región. Es importante destacar que las indicaciones fueron también firmadas y apoyadas por los senadores Alfonso De Urresti (PS); Isabel Allende (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Entre las indicaciones ingresadas destaca que haya participación de las comunidades indígenas y locales aledañas, gobiernos regionales y municipalidad en la nueva institucionalidad a las áreas protegidas; se incluye el principio de gobernanza, que está presente en la legislación comparada y que incorpora en la toma de decisiones, participación y gestión en las áreas protegidas las costumbres y tradiciones de los actores involucrados, es decir comunidades locales e indígenas, privados, y gobiernos locales.

“También se propone la incorporación de las comunidades indígenas a la gestión y beneficios y reconocimiento de derechos; el otorgamiento de las concesiones deberá considerar de manera preferencial a las comunidades indígenas y locales que habitan al interior de las áreas indígenas o aledañas a ellas; la inclusión del ecoturismo como actividad que promueva el desarrollo local, así como también se incluye en la definición de “Área protegida del Estado” la promoción de un turismo sustentable”, destacó Tuma Zedán.

«Es contradictorio que mientras el Gobierno por una parte plantea su preocupación por el orden público y la paz social, por otra se envíe un proyecto que constituye una provocación a las organizaciones indígenas, porque vulnera derechos elementales, no considera su partición efectiva en el proceso de creación y gestión de las áreas silvestres y menos la participación en los beneficios». Lo más fácil es criminalizar el conflicto y centrar el problema en el orden público, pero aquí estamos frente a un problema político de ejercicios de derechos y esta falta de coordinación del gobierno no ayudan en nada para avanzar en su resolución, planteó Tuma Zedán.