La importancia de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), protegidos por la Ley Lafkenche, va más allá del beneficio exclusivo de las comunidades indígenas. Comunidades y organizaciones han resaltado que además de contribuir a la conservación biocultural y la soberanía alimentaria, estos espacios favorecen la economía familiar y comunitaria de todos los sectores que habitan el borde costero, permitiendo una gestión participativa, colectiva e inclusiva.

Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado que los procesos de tramitación para estos espacios enfrentan demoras inexplicables, cuestionamientos injustificados y un clima de hostilidades.

Olaya Huenchor, dirigenta de la comunidad Pehuenche Newen Mapu de Ancud, Chiloé, manifestó su frustración por los constantes cuestionamientos a las solicitudes ECMPO. “Hace más de dos años que hicimos el ingreso de una solicitud de ECMPO de nuestra comunidad, donde abarcamos varios sectores con el fin de mantener y cuidar los recursos, que están quedando muy pocos”, declaró Huenchur, aludiendo a la demora excesiva en la revisión de su solicitud.

Las trabas burocráticas en la tramitación de solicitudes ECMPO han sido señaladas por varios dirigentes, quienes advierten que podría ser resultado de una campaña de desinformación impulsada por intereses industriales y sectores políticos que buscan desacreditar el proceso y la Ley Lafkenche. En palabras de Huenchor, “nos están cuestionando por algo que no hemos hecho. No tenemos nada todavía, y ya nos dicen que vamos a formar conflicto”.

Álvaro Montaña, geógrafo marino que ha acompañado diversos procesos de ECMPO, señaló que existen decisiones administrativas intencionadas para frenar las solicitudes. “Hay una acción política deliberada de parte de la subsecretaría de Pesca de no dar admisibilidad a los ECMPO. Algunos llevan meses, otros hasta dos años, amparándose en el decreto 230 del año 2018 para someter las solicitudes a un test de admisibilidad”, indicó Montaña.

Las demoras afectan gravemente a las comunidades solicitantes, cuyos trámites, según la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, no deberían tardar más de dos meses en ser admitidos para su análisis. Sin embargo, se reportan casos de ECMPO que llevan más de 20 meses en espera, lo cual, según Montaña, “atrasa más la tramitación que ya está excedida en los tiempos legales, se prolonga más”.

Los sectores políticos que se oponen a estas solicitudes han argumentado que las ECMPO podrían mal usarse, perjudicando a otros actores del borde costero. Frente a ello, Olaya Huenchor enfatizó que su comunidad no busca apropiarse del territorio ni crear conflicto, sino integrar armónicamente: “Nuestra visión de la comunidad no es hacernos dueños de algo o pelear con los lugareños; al contrario, queremos ingresar a los diversos usuarios para que la gente esté tranquila”, explicó.

Los largos tiempos de espera y las múltiples trabas que enfrentan las solicitudes de ECMPO en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde recientemente se han rechazado peticiones de 8, 10 y hasta 14 años de trámite, son otro motivo de preocupación para las comunidades afectadas y sus representantes. Montaña explicó que, en un contexto ideal, la tramitación completa de un ECMPO no debería extenderse más allá de dos años y medio.

A pesar de las trabas, las comunidades han expresado que el propósito de la Ley Lafkenche es inclusivo y de gestión sostenible. “Una ECMPO se pide para cuidar, para proteger. Entonces, ¿por qué nos cuestionan? ¿Por qué nos dicen que vamos a hacer malas prácticas?”, cuestionó Huenchor, reflejando el sentimiento de incomodidad y desconfianza que surge frente a estos obstáculos.

Comunidades han denunciado que ciertos sectores industriales y políticos han generado una atmósfera de hostilidad y acusaciones de mal manejo en el proceso de solicitudes ECMPO, incluso, habrían influido en las decisiones de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC),  instancia de gestión costera en las regiones de Chile, rechazando una serie de peticiones.

Otra arista, es la ofensiva en el Congreso que busca modificar y alterar la denominada Ley Lafkenche. Las comunidades, no obstante, afirman que el problema no radica en la ley misma, sino en la administración de las solicitudes, que debería revisarse para agilizar el proceso sin necesidad de cambios legislativos.

Al cierre, las comunidades indígenas y expertos como Montaña llaman a las autoridades, como subpesca, a revisar y corregir los procesos de admisibilidad y tramitación de ECMPO, que, según ellos, responden a intereses ajenos a las verdaderas necesidades de las poblaciones costeras y a los principios de la Ley Lafkenche, diseñados para la protección y el desarrollo de los territorios costeros.