Una ley que permita hacerse cargo de temas urgentes asociados al uso de datos personales y más transparencia respecto de su tratamiento en medidas propuestas por las autoridades, por ejemplo para reducir el contagio, fueron algunos de los desafíos  que ha impuesto la pandemia por Covid-19 en materia de privacidad y acceso a información para su uso científico, plantearon especialistas de diversas disciplinas que participaron en un workshop organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Para el ingeniero de la UC, Eduardo Undurraga, quien integró el panel de expertos, una de las cuestiones que evidenció esta emergencia sanitaria fue que “estamos desnudos” en el ámbito del acceso a datos. “Lo que ha hecho esta pandemia es decirnos que nos faltan datos y una infraestructura de datos integrada que permita trabajar con mejores datos”, planteó Undurraga, agregando que “ha habido avances en materia de acceso a datos, pero en uso y tratamiento es muy precario”.

A partir de este diagnóstico, se debatió respecto de la necesidad de una política única e integrada de datos o “gobernanza de datos” –con una normativa adecuada que se haga cargo de los vacíos de la ley vigente-, además de la implementación de un ecosistema que entregue garantías de un adecuado tratamiento de datos personales. Asimismo, el panel planteó la necesidad de elevar la transparencia respecto del tratamiento de información personal en medidas propuestas para reducir el contagio y que implican la recopilación  masiva de datos en el marco de la emergencia sanitaria. Esto con el fin de permitir el escrutinio de la sociedad civil, el mundo científico y académico, no sólo desde la perspectiva del impacto en materia de privacidad sino para evaluar el uso de ciertas tecnologías que se han propuesto como parte de las medidas para enfrentar los efectos de la pandemia, por ejemplo en materia de reducción de contagios.

La anfitriona del encuentro, la consejera Gloria de la Fuente, abordó los vacíos en materia de normativa en protección de datos personales a nivel nacional, los que permiten enfrentar de mejor forma la implementación de una “gobernanza de datos”. Las brechas se generan a partir de la antigüedad de una ley que data de 1999 y que no permite hacerse cargo de situaciones que afectan directamente a la ciudadanía en el contexto de la crisis por Coronavirus.

Por ello,  explicó la representante del Consejo, fue que el CPLT planteó al Ejecutivo la posibilidad de tramitar una Ley Corta que permita abordar, entre otras materias, el tratamiento de datos biométricos o el establecimiento de una autoridad que controle, fiscalice y aplique un régimen de sanciones en caso de brechas o vulneraciones a la seguridad de los datos. Esto, dado que, en palabras de la consejera “Si hay algo que hemos aprendido a propósito del debate que se está dando en el mundo en el contexto de la pandemia es que quienes pierden son los ciudadanos, porque no se pueden garantizar derechos fundamentales”, como es el caso del derecho de la persona a que se protejan sus datos personales y evitar así que puedan ser objeto de discriminación.

Adecuado tratamiento de datos: “ejercicio de fe”

La urgencia de legislar en esta materia y así no sólo escrutar las acciones del Estado sino poder usar datos con enorme potencial para bien público, fue otro de los aspectos que se destacaron en el encuentro multidisciplinario.  A partir de esta reflexión se plantearon algunos cuestionamientos a la transparencia y la comunicación que ha hecho la autoridad con respecto al uso y tratamiento de datos de la población  en el marco de la pandemia. Por ejemplo, se analizó el caso de las tecnologías para controlar la movilidad de los ciudadanos como forma de reducir el contagio, recientemente anunciada por el Ministerio de Salud. 

La abogada María Paz Canales, quien es directora ejecutiva de la fundación Derechos Digitales, planteó que el impacto de estas tecnologías no sólo se da en las interacciones digitales sino “en la vida de las personas”. Esto dado que el levantamiento y tratamiento de datos como la geolocalización apuntan al manejo de información que forma parte de la esfera privada, “los definen de manera más esencial, los sitúan en relaciones sociales, son aspectos que tocan derechos protegidos por la Constitución”, detalló.

Agregó que el hecho de no contar con información clara respecto de la finalidad con la que se levanta gran cantidad de datos de las personas, no sólo impide saber si se hará un adecuado tratamiento de la información sino además si las tecnologías que se plantean son las más adecuadas para el objetivo que se busca alcanzar con una determinada medida.

Asimismo, Canales apuntó a la necesidad de transparentar los criterios de cómo “anonimizar” los datos –es decir, que no sea posible identificar o hacer identificable a la persona- que se están aplicando. “El tema de la anonimización no puede ser un compromiso de buena voluntad de parte de la autoridad, tiene que haber algún criterio de transparencia que permita a externos, a terceros, a la sociedad civil, a otros grupos auditar que los procedimientos que se siguen son lo suficientemente fuertes para evitar la reidentificación de la información”, apuntó la abogada.

El director del Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile, Pablo Contreras, planteó que las decisiones que tomen las autoridades en términos de tratamiento de datos pueden ser dinámicas y cambiar acorde a las necesidades de la contingencia, lo que requiere de un “ecosistema de garantías” que asegure la sanción ante abusos, que cuente con un ente encargado de garantizar el cumplimiento de la ley.

En el caso del tratamiento de datos personales por parte de privados, como ocurre en el caso de las empresas de telecomunicaciones y la Universidad del Desarrollo que está apoyando el monitoreo de la movilidad en cuarentena, apuntó a la necesidad de establecer garantías que permitan fiscalizar lo que hacen estas y otras instituciones.

Advirtió por ejemplo en el caso de transferencia de información entre entidades que  “hay que asumir el acto de fe de que un privado –empresa de telecomunicaciones- le da acceso a otro privado –en este caso una universidad- a cierta información y que se está protegiendo los datos personales”. Ante este tipo de situaciones, el abogado planteó que las posibilidades de corroborar que esto sea así para los usuarios son bajas, dado que no existe una agencia que pueda fiscalizar este traspaso de información.